Juego de espejos

Herencia maldita

La situación ha llevado al boicot de los representantes de los partidos al INE. Abandonan la sesión del consejo, demandan que el titular asista a la oficina del PRD en esas instalaciones, y allí, en montón, el jefe de la rebelión lo encara con su característico complejo de superioridad moral, acusándolo de parcial y coludido.

No es nuevo, pero sí preocupante, y mucho, que en el seno del Consejo General se reedite el conflicto de los partidos contra la institución responsable de las elecciones. La embestida de ahora tiene jefe, Javier Corral, el representante del Senado del PAN y le acompañan todos los partidos excepto PRI, PVEM y Panal. El objetivo es el presidente del Consejo, Lorenzo Córdova, de quien pretenden sometimiento total.

La situación ha llevado al boicot de los representantes de los partidos al INE. Abandonan la sesión del Consejo, demandan que el consejero presidente asista a la oficina del PRD en las instalaciones del INE, y allí, en montón, el jefe de la rebelión le encara con su característico complejo de superioridad moral, acusándole de parcial y coludido. Le continúa el acuerdo de los renegados de no asistir a ninguna de las reuniones de comisiones o sesiones del Consejo. Demandan, como se ha vuelto costumbre en los enfermos de intransigencia, mesa de negociaciones para lograr acuerdos a modo. Con la soberbia que le viene tan natural, el senador Corral declara “un presidente que dice que no puede hacer más es porque ha abandonado sus funciones, y si no puede ser presidente del INE que renuncie”.

El evento detonador de la polarización fue el acuerdo de los consejeros de posponer la discusión sobre la aprobación de normas reglamentarias referentes a la imparcialidad en el uso de recursos públicos y, otro, solicitar a los tres órdenes de gobierno evitar el uso electoral de los programas sociales. La propuesta de postergar los temas vino del consejero, Marco Antonio Baños, proclive al PRI. Sin embargo, la decisión fue apoyada por consejeros al margen de sospecha priista. Uno de ellos, Javier Santiago Castillo, quien ayer en Excelsior presentó convincentes razones de su voto.

El problema de los partidos respecto al INE es el mismo de siempre: la pretensión de que el órgano electoral haga lo que la ley no le permite. Por tal consideración era necesaria una deliberación previa entre los consejeros para lograr una postura consensuada antes de presentarla a los partidos. El tema no es de voluntarismo, como lo señala Santiago Castillo, es que el INE haga lo que la ley le autoriza; razonar que en Viaducto Tlalpan los partidos no pueden obtener lo que no consiguieron en San Lázaro.

Es lamentable que los partidos se desentiendan de su responsabilidad y del respeto que le deben al INE y a quienes lo encabezan. Es evidente que el PAN y el Senado no hayan qué hacer con Javier Corral y para ello lo han enviado al más delicado de los espacios. Se entiende que los partidos quieran presionar para maximizar sus objetivos y como ha sido práctica del senador Corral, esto ocurra por la vía del insulto. El problema es que esto mina la credibilidad de la institución cuando más se le requiere, especialmente ante los desafíos que impone el nuevo régimen de fiscalización, la coordinación con los órganos electorales locales en el marco de 17 elecciones locales concurrentes y, muy especialmente, el amago del crimen organizado y la descomposición institucional en Guerrero y Michoacán.

Cortedad de miras que obliga a una declaración irrefutable por el consejero presidente: “No queremos menospreciar el planteamiento de siete de diez partidos, pero tampoco podemos asumir en automático que siete partidos van a conducir las políticas del instituto”. Efectivamente, el INE debe ser una institución fuerte; los primeros en sujetarse son los propios partidos, ya que éstos son los más obligados y, a su vez, los menos cumplidos a pesar de los privilegios que les concede la ley. También son los primeros en deteriorar la estima social que hay sobre ellos mismos con las prácticas autoritarias, de exclusión y cinismo que a todos corroe. El país ha hecho mucho por ellos, éstos muy poco hasta por ellos mismos, ¿por qué tendrían que hacerlo por la institucionalidad electoral?

Llega el momento de un alto en el camino. El INE hereda muchos de los problemas del IFE, quizás el más elemental es que es un órgano sancionador y a la vez el organizador de los comicios; lo primero abre heridas, lo segundo presupone colaboración y disposición de los lastimados. La institución que debe trabajar en condiciones de intereses encontrados y responsabilidades limitadas por la ley resuelve a partir del voto mayoritario del Consejo y a éste deben someterse todos.

Apostar a la debilidad del órgano electoral es un error. Mucho más cuando su integración, además de ser consensuada, muestra el equilibrio propio de la disposición de los partidos, por cierto, mucho más justa que la de cualquiera de los órganos colegiados partidarios. Es difícil que las dirigencias asuman su responsabilidad; el escenario indeseable que pretenden perfilar es el de un país polarizado, partidos despreciados y autoridades débiles e ilegítimas, herencia maldita de la partidización de la política.

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