Juego de espejos

Hacer mejor con menos

La baja de los ingresos del petróleo se han procesado bajo el tamiz de la política. La mala noticia vino en mal momento, con la crisis de Iguala y el escándalo de la casa blanca. Al menos en el cierre de año se sabía que la reducción de los precios del crudo no era un evento estacional, sino un giro estructural del mercado.

La economía es más estricta que la política. La realidad se impone y es preciso actuar en consecuencia. La política también, pero no en lo corto, con el tiempo hace valer su ley ya que ofrece a los actores un margen mayor de atención y reacción, especialmente cuando es deficiente el equilibrio de poderes, el ejercicio de las libertades o, incluso, el imperio de la ley. La política puede ignorar la realidad, pero no lo puede hacer en todo y por mucho tiempo.

La baja de los ingresos del petróleo se han procesado bajo el tamiz de la política. La mala noticia vino en mal momento, con la crisis de Iguala y el escándalo de la casa blanca. Al menos en el cierre de año se sabía que la baja dramática de los precios del petróleo no era un evento estacional, sino un giro estructural del mercado. Solo la eventualidad de un conflicto armado en el Medio Oriente  o algo parecido hubiera podido contener el colapso de los precios; mala noticia para todos los países exportadores de petróleo y espléndida para los grandes consumidores. En México cortó para los dos lados, además el seguro de cobertura de precios amortiguó el golpe, pero su impacto, especialmente para 2016 en delante, obliga a un manejo cuidadoso de los recursos públicos y a una postura menos optimista de las inversiones asociadas a la apertura petrolera.

La realidad es que la política y la economía deberán actuar con mayor claridad y, especialmente, sentido de responsabilidad. La baja de los ingresos obliga, como lo anticipó el presidente Peña Nieto, a un replanteamiento estructural y con visión de largo plazo del presupuesto. Los gobiernos, los poderes y los órganos autónomos deberán parar el dispendio que ya se ha vuelto costumbre. Como siempre, el proceso será traumático; estrechar el cinturón no es fácil, pero es obligado. Además, se requiere de perspectiva para no reducir el gasto donde sea más fácil, sino donde sea necesario a partir de las responsabilidades de un buen gobierno. El gasto corriente debe reducirse y no  en los puestos de la baja burocracia, sino en el gasto de la media y alta, la que ha ido creciendo desde 2000, como se puede mostrar en cualquier análisis cuantitativo de la estructura y evolución del gasto público.

Lo que ocurra en junio será crucial, porque la elección establecerá un nuevo equilibrio en la Cámara de Diputados, la que define el presupuesto de egresos. El PRI y el gobierno requerirán actuar en un escenario diferente y adverso, en especial, si el resultado no les alcanza para lograr la mayoría absoluta con el PVEM y Nueva Alianza. Los incentivos de colaboración de los opositores cambian ante la sucesión presidencial y del deterioro de la imagen del gobierno y de su partido. Del PRD se esperaría poco, ya que la presión de Morena los volverá medrosos para suscribir acuerdos; los partidos pequeños importan, pero no tendrán mucho peso legislativo. Desde ahora, y con todo lo que implica, se deberá contemplar el acuerdo con el PAN, lo que puede llevar, incluso, a una conformación diferente del gabinete y del plan de gobierno para la segunda mitad de la administración de Peña Nieto, una forma anticipada de lo que ya se aprobó en el Congreso, el gobierno de coalición.

El modelo del Pacto por México es disfuncional para lo que viene. Incluir a los cuatro partidos que más pesan en el Congreso es imposible; limitar el acuerdo a las dirigencias políticas es insuficiente para el objetivo. El espectro para un entendimiento capaz de modificar a fondo el gasto público necesariamente habrá de incluir a los actores más relevantes de la economía: sus representantes formales y líderes de negocios con mayor prestigio e influencia. La discrecionalidad, soberbia y cerrazón de los primeros años no solo no aporta, sino que genera negativos efectos.

También se requerirá de un acuerdo con los gobiernos locales para que el nuevo esquema de gasto no comprometa, todavía más, la precaria situación de las finanzas locales y municipales. Los recursos deberán orientarse a la atención de los problemas más críticos, como es la infraestructura urbana, educación, salud y seguridad pública. El centralismo ha sido responsable de muchos de los problemas en el país, como es la vulnerabilidad de las policías municipales. Menos ingresos no solo llevan a hacer más con menos, sino mejor. Ese es el reto y no es el gobierno, tampoco los políticos o las burocracias las que puedan determinarlo, sino un acuerdo amplio que sea consecuente con las reglas de la economía y la exigencia insoslayable de mejorar la calidad del gobierno en todas sus instancias y órdenes de autoridad.

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