Juego de espejos

Dineros y elecciones

En México, la estabilidad política y la legitimidad no se construyeron con apego al modelo liberal democrático; caos, autoritarismo, revolución y caudillismo erigen un modelo presidencialista sin los elementos propios del modelo liberal. La transición a la democracia fue un proceso gradual.

La relación entre la política y el dinero de siempre y en todos lados ha sido problemática. En sus orígenes, la democracia habilitaba solo a los electores que pagaban impuestos. Esto implicaba una visión del poder público al servicio de una minoría y que la tarea del Estado era proteger el orden de cosas, particularmente, la propiedad y los derechos asociados a ésta. La legitimidad propia del individualismo posesivo; los enemigos eran la propiedad comunal o corporativa.

En México, la estabilidad política y la legitimidad no se construyeron con apego al modelo liberal democrático; caos, autoritarismo, revolución y caudillismo erigen un modelo presidencialista sin los elementos propios del modelo liberal. La transición a la democracia fue un proceso gradual, inicia con la incorporación de la izquierda y derecha a la Cámara de Diputados a través de un peculiar sistema de representación proporcional. El PAN creció y la izquierda evolucionó a partir de la escisión del PRI. El momento histórico es la elección de 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas pone en jaque al régimen del presidencialismo autoritario. 1994 es el año trágico, inicia con el levantamiento zapatista, continúa con los magnicidios de Colosio y Ruiz Massieu y concluye con la exhibición de la corrupción rampante desde la cúspide del régimen político. Se colapsa la legitimidad del conjunto. La alternancia era cuestión de tiempo.

En 1996 se da el paso para resolver el financiamiento del partido dominante casi hegemónico. Se resuelve un esquema muy oneroso con la idea de que el PRI tuviera financiamiento legal para gastos regulares y campañas. La solución tenía que incorporar a los demás partidos. El PAN de Felipe Calderón dijo que el dinero lo regresaría; el PRD de López Obrador crearía un fideicomiso para las víctimas de la persecución salinista y para libros. Fuegos fatuos, se quedaron con el dinero y no les fue suficiente. Partidos y candidatos continuaron financiándose de fuentes adicionales a las prerrogativas de ley y la reforma de 2004 les regaló la publicidad de radio y tv.

El Pemexgate y Amigos de Fox revelan el fracaso de resolver el financiamiento legal de campañas: interferencia de los grupos de interés y desviación de recursos públicos. El problema es más preocupante ahora: los dineros del crimen organizado. Guerrero y Michoacán dan cuenta de ello y afecta e involucra a los tres grandes partidos. El apetito de los candidatos por dinero los vuelve vulnerables en extremo frente al poder económico del crimen organizado, mucho más cuando el común denominador son operaciones monetarias al margen del sistema financiero.

Un error mayor ha sido la combinación de topes absurdamente bajos de campaña y un régimen de fiscalización riguroso. Esto ha provocado que el dinero fluya al margen de la formalidad, situación idónea para el financiamiento del crimen. No hay mucho margen, se debe centrar la atención no en los topes de campaña, sino en el origen de los recursos, especialmente los que vienen del crimen organizado.

El problema se torna más grave en los candidatos independientes. El régimen de fiscalización se orienta a los partidos, los que son sancionados con sus prerrogativas, pero ¿qué sucede con los candidatos independientes? Nuevamente, el problema no son los topes de campaña, en todo caso los independientes deben tener un límite de gasto igual al de los candidatos de partido. Pero como no tienen prerrogativas lo que obtienen viene de fuentes privadas, con lo que se violenta el principio legal del predominio del financiamiento público sobre el privado.

La legislación está mal y propicia la simulación en detrimento de la transparencia y lo más relevante: incentiva que el crimen imponga a sus propias autoridades como lo hizo en Iguala con el alcalde Abarca. El problema son las fuentes anónimas de financiamiento. Si se permiten las colectas, como lo hace el candidato independiente al gobierno de Nuevo León, Jaime Rodríguez, lo más probable es que éstas sean cortina de humo para ocultar el origen real de los recursos. En algunos casos de financiadores interesados en la futura asignación de obra pública; en otros, la pretensión de comprar protección o ganar espacio por el crimen organizado.

Así como las candidaturas independientes plantean problemas y riesgos no resueltos en la ley, lo mismo ocurre con la reelección consecutiva, especialmente con los alcaldes. La ley debe prever un esquema especial para esos casos. La desviación de recursos es altamente probable, así como los moches anticipados por contratistas del municipio. Pero, nuevamente, el riesgo mayor lo representa el crimen organizado.

Es recurrente la queja del gasto en campañas. Los partidos y los candidatos reciben mucho dinero. Además, el gasto en radio y tv está subsidiado. Aún así, es mucho el dinero de fuentes no legales. Por lo pronto el INE debe ser intransigente respecto al origen de los recursos y sancionar con severidad el financiamiento de fuentes anónimas.

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