La crisis en la conducción de la política nacional: disociación entre el discurso y la realidad

En el actual escenario de la realidad mexicana es difícil alejarse de la percepción generalizada que el Estado ha sido incapaz de enfrentar, la profunda crisis que desencadenaron los graves sucesos del 2014, tales como los desaparecidos de Ayotzinapa, la matanza del ejército enTlatlaya, la Casa Blanca presidencial, además de los tropiezos de las dependencias gubernamentales para implementar las reformas estructurales del presidente Peña Nieto; particularmente, la reforma educativa. La incapacidad del Estado para dar respuestas institucionales razonables a estos acontecimientos se debe a que él mismo es parte del problema, al auspiciar facetas de complicidad, corrupción e impunidad, caracteristica del ejercicio del poder en nuestro país.

A pesar de que esta situación no es nueva, sí lo ha sido en cambio la virulenta reacción mostrada por la sociedad civil ante los hechos que cimbraron a la opinión pública el año pasado y que hicieron manifiesta la desconfianza generalizada de los ciudadanos en sus máximas autoridades.

¿Qué podría intentar el gobierno federal ante el marcado déficit de legitimidad institucional que reduce considerablemente su capacidad de respuesta a la crisis nacional? Podría emprender muchos cambios orientados a mitigar la desconfianza que experimenta el ciudadano medio, con respecto a su capacidad de acción. Un vicio que arrastran las decisiones públicas en México es la disociación entre la visión y el discurso oficial sobre las condiciones «óptimas» derivadas de las intervenciones del gobierno, en contraste con las evidencias que aportan observadores y críticos en dirección opuesta. No es el sitio para detallar la disociación entre las declaraciones triunfalistas del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sobre la prosperidad económica que vislumbra para el país en discrepancia con los indicadores de desempleo y contracción de sectores cruciales de la industria que documentan economistas.

Lo anterior viene a colación porque los diseños de políticas que pudieran concretar las reformas estructurales de Peña Nieto en los espacios públicos requieren en primer lugar del debate público, alejado del triunfalismo. En la más pura tradición democrática algunos prestigiados autores en el arte del diseño de políticas públicas, referían la necesidad del debate y la negociación, del arte de la persuasión con evidencias y argumentos plausibles para lograr el respaldo de los ciudadanos hacia las reformas. Se trata de impulsar en la sociedad una pedagogía de las políticas públicas que logre mediar entre el reino de lo deseable y lo posible. Nada más alejado de lo anterior que el triunfalismo tecnócrata que exhiben algunos funcionarios públicos y, a fuerza de repetición, la ya casi neurótica disociación entre el discurso oficial y la realidad. Una muestra palpable de lo anterior fue el repentino boletín de la SEP, que anunciaba la suspensión de la evaluación a los profesores, previo las recientes elecciones estatales, y que acto seguido llevó al secretario de Educación Pública, a declarar que no tuvo fines electorales la decisión de suspender temporalmente la evaluación y de que se aplicará en el país «llueva o truene». Una reflexión sencilla pero de amplios alcances.

Jorge Gamaliel Arenas Basurto

jorge.arenas@udlap.mx