Un vaticanito para los poderes federales

Empecemos por el principio: los habitantes de la capital del país no son, ni deben ser ciudadanos de segunda categoría. Tienen derecho constitucional a elegir su propio ayuntamiento (o sea el ajuntamiento de familias, que es el nivel básico de toda federación, ascendente como debe ser). Su entidad federativa debe ser el ajuntamiendo de ayuntamientos, como todas las demás. Esa es la genuina concepción de cualquier federación: empezando desde la base, en orden ascendente.

En un país con el que el nuestro tiene notorias semejanzas sociales, por razones obvias: el Reino de España, la capital del país tiene sobre el mismo territorio cuatro órdenes de gobierno: el ayuntamiento de Madrid, la provincia de Madrid, la Autonomía de Madrid y finalmente el gobierno nacional con la Casa Real y la sede del gobierno electo de estructura parlamentaria.

A la muerte de Franco y con la proclamación del rey Juan Carlos en 1977, en las negociaciones del exiliado comunista Santiago Carrillo y el representante del viejo régimen Adolfo Suárez, para resolver el reclamo de Cataluña y el País Vasco, pueblos con idioma y personalidad propia, se les concedió la autonomía. Astutamente se concedió también a todas demás regiones de España. Finalmente también a la provincia de Madrid: 17 en total. Algo parecido a un régimen federal.

Pero si en México se sigue pretendiendo conservar un espacio físico propio exclusivo para la sede de los poderes federales y al mismo tiempo cumplir el reclamo histórico de los habitantes de la Ciudad de México a tener su propio estado de la Federación, es decir a constituir legítimamente el Estado 32, cabe la referencia, toda proporción guardada, a la peculiaridad del Estado de la Ciudad del Vaticano, o sea la Santa Sede, entidad soberana ajena a la República italiana, que es miembro de varios de los organismos de las Naciones Unidas, y que incluso mantiene relaciones diplomáticas con un número importante de países, incluida la Federación de Rusia, los Estados Unidos de América, Turquía, México, y por supuesto, la propia República Italiana.

Desde los tiempos del feudalismo, allá por el año 1,000 y hasta 1860 con la unificación de Italia, los papas de la Iglesia Católica Romana fueron soberanos terrenales del tercio central de la Península Italiana, con millones de vasallos.

Al iniciar la insurrección popular con las figuras señeras de Mazzini y Garibaldi y unificarse Italia en un solo estado soberano, los papas, inconformes, se recluyeron en el Quirinal. En 1929, en el reinado formal de Vittorio Emmanuele II y bajo el gobierno fascista de Benito Mussolini, se llegó finalmente al Tratado de Letrán, donde la Santa Sede se replegaba a la soberanía sobre 44 hectáreas en la Colina Vaticana, una de las 7  de la Roma Imperial. Italia y la Santa Sede se reconocían, y se reconocen, mutuamente como estados soberanos. Los dirigentes mundiales de la Iglesia Católica no han necesitado más espacio para mantener su independencia.

Aquí y ahora, ante este nuevo fracaso, incluso para esa nueva simulación de la Ciudad de México, bien valdría la pena debatir sobre la posibilidad de situar la sede de los poderes federales sobre un espacio reducido del actual Distrito Federal, demarcando la superficie necesaria para ello, sin uso habitacional (o casi), tomando como referencia (con todas las notorias diferencias del caso) la negociación que llevó a la definición territorial del Estado Vaticano.

Naturalmente, erigiendo en el resto de la superficie del actual D.F. lo que sería el Estado del Valle de México, de alguna manera previsto desde 1917; se llamara así o simplemente Ciudad de México.

En efecto, el artículo 44 sigue diciendo desde entonces literalmente que “en el caso de que los Poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso Federal”. En la práctica, ése sería el caso. Se cumpliría así a cabalidad el reclamo igualitario de los habitantes del Distrito Federal, sobre todo desde la supresión de sus municipios en la presidencia de Álvaro Obregón.

El territorio de la nueva demarcación del Distrito Federal como sede de los Poderes Federales podría reducirse a poco más que el Palacio Nacional y el Zócalo como espacio de la expresión ciudadana, la contigua planta de la Suprema Corte, y un corredor que le diera contigüidad hasta el recinto de San Lázaro.

No será en esta columna donde lloremos por el fracaso de la simulación gatopardista, que todo cambie para que todo quede igual, de la hipócrita “reforma política” del Distrito Federal, o por su aplazamiento hasta la próxima legislatura. Sería una más de la larga serie histórica que hemos sufrido desde la Independencia de las Tres Garantías en 1821.

 

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