El sentido común de las Ministras de la Corte

Un juez sabio tiene que tener un sentido común fuera de lo común. Mucho más si se trata de un ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Reducir, rebajar, degradar la seguridad energética de la Nación a un parche fiscal de pesos y centavos, supone una miopía descomunal y falta lamentable de sentido común.

En una república verdadera, tratándose de asuntos públicos, el primer criterio de base para un juez es tener claro quién es el soberano, que por lo demás está bastante claro en el artículo 39.

A la luz de este artículo, la pomposa Ley Federal de Consulta Popular más parece una ley para estorbar la consulta popular: de poner toda clase de obstáculos y tropiezos a querer saber qué opina y decide el pueblo soberano.

Por favor, que no se diga que es una ley aprobada por “esta soberanía”. El pueblo soberano no declina ni delega su soberanía. Concede un mandato limitado siempre y acotado en tiempo y en atribuciones precisadas. No más. Sólo es la LXII Legislatura.

Es de imaginar las risas sarcásticas, después del asombro, que soltarían los suizos con la simple lectura de nuestra avanzadísima Ley de Consulta Popular, y específicamente la lista de los temas sobre los cuales el soberano no está autorizado para ser consultado. El colmo de lo ridículo es que la base constitucional se encuentra incorporada en el artículo 35 que comienza su redacción diciendo: “Son derechos del ciudadano:….”.

Por cierto que la actual circunstancia nacional de desgobierno generalizado en todo el país, más allá de la insoportable tragedia de Guerrero, nos lleva a recordar aquí una vez más que en la raíz misma de nuestras instituciones democráticas (ahora envilecidas y podridas) está claro el criterio básico.

En el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, fechado en Apatzingán hace 200 años, el 22 de octubre de 1814, en plena Insurgencia, el artículo 4 (abuelo del 39 actual) dicta expresamente que los ciudadanos “tienen el derecho incontestable a establecer el gobierno que más les convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente, cuando su felicidad lo requiera”. Abolirlo totalmente.

Si hubiera sentido común en la Suprema Corte, las Ministras y los Ministros tendrían muy claro que el desgobierno por el que atraviesa la República con miles y miles de cadáveres en fosas clandestinas por toda la geografía nacional, que no sólo siguen impunes, ni siquiera están registradas; y ya estarían ponderando si la felicidad del pueblo soberano requiere, o no, abolir totalmente el gobierno ineficaz, corrupto, omiso y cómplice de tanto homicidio. Verían que es un asunto de envergadura nacional, o sea federal. Que abarca más que a Abarca.

En cuanto a la consulta a los soberanos sobre su patrimonio energético, su soberanía energética, bien les habría valido a las Ministras estudiar su origen y propósito en 1938, antes de degradarlo a la categoría de parche fiscal por la grave incompetencia de quien no sabe recaudar de manera progresiva, compensatoria y redistributiva como los países civilizados de la tierra.

Cómo se parecen los criterios expresados por las Ministras y los Ministros a los pronunciamientos (o lineamientos) previos partidarios de quienes detentan el Poder Ejecutivo.

En los criterios de las Naciones Unidas, de aceptación universal, y en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia se establece en el artículo 38, que, después de las convenciones internacionales, de la costumbre internacional, y de los principios generales de derecho  reconocidos por las naciones civilizadas, “la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieran”.

Ese saber juzgar  y decidir “según la equidad y el bien social” es la esencia y definición del sentido común, más allá de la aplicación mecánica de la letra, tantas veces ambigua, al estilo de los jueces porfirianos de pueblo esgrimiendo “la majestad del Estado”.

Aunque fuera sólo por cultura nacional, antes de pronunciarse, las Ministras ponentes deberían haber leído con atención el Anuncio a la Nación del Decreto de Expropiación del Presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938, que causó la euforia del pueblo mexicano y su cooperación inmediata y masiva.

Dice: “Es preciso que todos los sectores de la Nación se revistan de un franco optimismo y que cada uno de los ciudadanos, ya en sus trabajos agrícolas, industriales, comerciales, de transportes, etc. desarrollen a partir de este momento una mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar cómo el espíritu de nuestro pueblo es capaz de salvar la economía del país por el propio esfuerzo de sus ciudadanos”.

P.D. Un reconocimiento al Ministro José Ramón Cossío por su sentido común.

 

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