El salario mínimo y la unidad de referencia

Nadie podrá negar que el problema más grave que hoy padece la nación mexicana es la remuneración al trabajo del 99 por ciento de los mexicanos. Hoy basada y amarrada al salario mínimo legal.

Todos los demás problemas serios de México tienen que ver con él directamente. Incluso el despilfarro petrolero. Incluso la alarmante descomposición familiar y social, acelerada en las últimas décadas, está directamente vinculada con el salario de miseria de las masas trabajadoras (y de las lumpenproletarias porque no encuentran empleo digno).

El verdadero crimen organizado: organizado desde el gobierno federal (bipartidista) desde hace 38 años es el salario mínimo, definido ahí arriba en las alturas y que impacta en toda, toda la vida nacional; y es causa de vida o muerte para muchos seres humanos. Un mínimo de reflexión dejará claro que no es ninguna exageración.

Uno de los bemoles que tiene la solución de este problema de la justa y razonable remuneración al trabajo humano (origen de toda la economía desde que el mundo es mundo) es indudablemente su vinculación, innecesaria, a muchos elementos de cuantificación de pago de derechos, multas, créditos y más de 300 diferentes cobros.

No parece que tenga mayor complicación la creación legal de una unidad económica de referencia ajustable, para cuya instrumentación eficaz parecería razonable que le fuera encomendada al Banco de México, que de manera automática ajustara su monto en moneda nacional corriente según el índice oficial de inflación establecido por el propio Banco, anualmente o con la periodicidad conveniente para la sana marcha de la economía nacional.

A nadie se le oculta que su instrumentación operativa tendrá complejidades casuísticas. Pero será el auténtico machetazo al nudo gordiano de la mitología. El punto de partida podría ser el poder adquisitivo que tuvo el salario mínimo en 1976: ése sí estuvo apegado a la norma del artículo 123 de la Constitución. Desde entonces ha perdido tres cuartos de su valor real.

Si hay voluntad política, existen suficientes referencias técnicas para definir al centavo el monto a los precios corrientes. Bastaría, por ejemplo, recurrir a los estudios de la CEPAL: la Comisión Económica de las Naciones Unidas para la América Latina; o, por supuesto, a las cifras del propio INEGI; o a los estudios serios econométricos de UNITE de David Márquez Ayala; o a la UNAM.

El punto crítico verdadero: la duela que le falta al barril, es la voluntad política. Disculpas y pretextos han salido en estos días por docenas. Quienes los orquestan son los mismos vectores retardatarios de siempre: el poder económico y el poder político. Con su visión miope y suicida.

Se habla de las intenciones particulares de quienes, con la suficiente resonancia, han planteado el grave tema. Como si eso fuera  atender el meollo de la cuestión: el estrangulamiento, la oclusión intestinal que sufre el desarrollo económico nacional desde hace décadas.

Es bastante frecuente en las esferas políticas que se reaccione ante en planteamiento de algún problema importante de carácter general y querer desvirtuarlo atacando a la persona o grupo que lo pone sobre la mesa. Como si eso hiciera desaparecer el problema planteado. Desacreditar al denunciante no desaparece la denuncia.

Independientemente de las intenciones personales del ciudadano Miguel Ángel Mancera o de los propósitos electorales de dirigentes del PAN (e incluso de la responsabilidad que hayan tenido, y que tuvieron, en el alarmante crecimiento del problema) en nada cambia la gravedad de la situación por la que atravesamos.

Acusar de populistas (como lo hace la autoridad laboral) a quienes reclaman no sólo el cabal cumplimiento de un compromiso constitucional sino el restablecimiento del motor verdadero del mercado interno y del desarrollo nacional autónomo, como es el poder adquisitivo del 99 por ciento de los mexicanos, es además de opresivo, absolutamente fuera de sentido común y de oficio político.

Otra objeción, mencionada por el gobernador del Banco de México, es afirmar que el aumento del salario mínimo (y por ende, de toda la escala salarial) requiere de ajustarse a la mejora de la productividad laboral. Esa afirmación está tan fuera de sentido común como asegurar que la productividad en México ha caído en 3 cuartos, o sea a un cuarto de la que tenían los trabajadores nacionales en 1976. Porque ése ha sido el deterioro del salario desde entonces.

P.D. Mucho más queda por reflexionar sobre el tema (que el titular de este bolígrafo viene tratando desde hace años como voz que clama en el desierto). Ojalá se abra un auténtico debate nacional, ciudadano, sobre el tema.

 

www.estebangaraiz.org