Otra reforma inútil

Ahora vemos cómo un grupo de profesionales de la política, ciertamente alejado de la ciudadanía soberana (habría duda de si se le puede llamar partido) quería y logró hacer de la llamada reforma política (en esta vorágine constituyente) una carta de negociación para asegurar su propia supervivencia en el poder político.

Y una vez más vemos cómo se agarra el rábano por las hojas, yendo a meros cambios procesales, cambiando todo para que todo quede igual, sin entrar de verdad al tema central y verdadero: el sufragio efectivo.

Se cae y recae en el mismo enfoque erróneo que llevó a la muerte a Francisco Madero, enfocando los cambios necesarios a la superestructura política sin tocar los cimientos de la justicia social pendientes del régimen colonial, que eran (y siguen siendo) el problema de base en la nación mexicana: el gran problema nacional.

Nadie creerá que puede haber real democracia en una sociedad con 52 millones de excluidos de la vida productiva nacional, del mercado, de la vida monetaria y, por supuesto y como consecuencia, también de la vida republicana.

No es prohibiendo en el código la compra de votos y estableciendo sanciones inaplicables como se va corregir esta perversión esencial de la vida republicana. Lo que es comparable al intento hipócrita de combatir la drogadicción persiguiendo al narcotráfico.

En la “democracia” ateniense había más ilotas que ciudadanos. Ese parece ser el modelo que los legisladores federales, ahora febrilmente constituyentes, quieren seguir. Para proclamarse a continuación como representantes populares; e incluso, en su arrogancia, considerarse investidos de la soberanía nacional.

Deben recordar que en una democracia genuina, no de papel, el pueblo otorga el mandato temporal y acotado en atribuciones. Pero nunca renuncia a su soberanía.

Mientras en la economía legal haya un salario mínimo que no cubre ni la cuarta parte de lo establecido en el texto constitucional, no habrá, señores legisladores, verdadera democracia en este país, donde cada adulto, hombre o mujer, emita eficazmente su voluntad informada.

La pobreza en México (eso lo sabe todo el mundo) incluye la desinformación inducida desde el poder real y desde el poder político; y afecta a la mayoría nacional. También en México hay más ilotas que ciudadanos.

Es un despojo criminal de los derechos políticos de más de la mitad de los mexicanos. Por parte de quienes deben ser los primeros en cumplir las garantías personales y las leyes, hasta las que ellos cambian a su capricho sin respetar siquiera el procedimiento.

Desde 1824 nos llamamos república (salvo el lapso franco-austriaco del que nos libró la tenacidad de Juárez y su generación de patriotas), pero en 190 años no hemos logrado la sociedad libertaria, igualitaria y fraterna que sería el sustento de la auténtica democracia. La realidad es que no hay sufragio efectivo en México en pleno siglo XXI. Ese es el hecho.

Pero, además, ésta vigente hasta hoy un procedimiento profundamente discriminatorio de los derechos elementales de millones de mexicanos (en 1991 se calculaban unos 6 millones), a los que sobre la marginación legal radical, se les pretende aplastar con la exclusión política.

Siguen existiendo en el país por toda la geografía nacional, mexicanos adultos hombres y mujeres en el México profundo, que no existen jurídicamente: la mayor de las exclusiones.

Son en la mayoría abrumadora de los casos personas de las comunidades originarias de nuestra tierra. O sea que hasta deberían contar con derecho preferente. Nunca han tenido acta de nacimiento. La más elemental de las lógicas nos indica que ese agravio no es atribuible a ellos (ni a sus padres) sino a la sociedad excluyente en la que vivimos, que es la que debe remediarlo proactivamente.

En el entusiasmo democratizador (que duró de 1990 hasta el 2003) el IFE le sacó la vuelta al problema de base y les expidió la credencial para votar por el procedimiento de dos testigos.

Ahora, la misma Comisión de Vigilancia del Padrón Electoral, único órgano del IFE recién extinto donde los partidos políticos votan, endureció los requisitos para renovar la credencial y exige acta de nacimiento hasta para la simple renovación. El prurito por depurar el padrón está ocasionando una recrudecida exclusión discriminatoria y criminal. Ustedes dirán si los agraviados podrán reclamar ante las instancias internacionales de derechos humanos.

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