El Estado contra su origen

Nestora Salgado tiene nacionalidad estadounidense, además de la mexicana. Hasta ahora de poco le ha servido para que se respeten sus derechos más elementales. Específicamente el derecho al debido proceso.

En México las instituciones han perdido su base de sustento: el pueblo soberano. Se han quedado sin base doctrinaria. Actúan con criterio virreinal: por la gracia de Dios. Se les llena la boca con el estado de derecho y se les pasa que “todo poder público dimana y se instituye para su beneficio”.

Es el caso de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero, promulgada a mediados de 2009. En el marco de esa ley Nestora Salgado fue electa en asamblea por su comunidad como comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero. Está investida de autoridad legal y legítima. Las detenciones que ha realizado, además de haber sido concertadas, son actos de autoridad.

Nada más legal que la asamblea comunal. Dice textualmente el artículo 27 de la Constitución nacional (en lo que todavía queda vigente después de los destrozos de 2013) “la Asamblea General es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado… es el responsable de ejecutar las resoluciones de la Asamblea”. No tomar decisiones.

Pero a los poderes hoy constituidos, a los acaparadores de las instituciones, les da horror, terror y pavor que el pueblo soberano se organice. Son hostiles a la fuente de la legitimidad. Les causa sarpullido el artículo 39: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”.

En Guerrero tales ideas son herejías subversivas. Cita la siempre valiente Blanche Pietrich al abogado Leonel Rivero, defensor de la comandante Nestora Salgado: “les expliqué  (a los funcionarios consulares de los Estados Unidos)  que el de Nestora es un típico caso de prisión política y persecución de la lucha social. Su situación condensa el rechazo del Estado a proyectos autónomos de seguridad pública que, como las policías comunitarias y las autodefensas, evidenciaron la incapacidad de las autoridades de proteger a las poblaciones indígenas y rurales de la acción de crimen organizado, por omisión o complicidad”.

Le menciona Leonel Rivero a Blanche que “los procesos en su contra tienen una innegable carga política. Y recordó que desde hace años los gobiernos utilizan las figuras penales de secuestro y secuestro agraviado para reprimir a dirigentes del movimiento popular, como en su momento fueron los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, sentenciados a hasta 60 años de cárcel y finalmente liberados. O el caso del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositaras de La Parota, Marco Suástegui”.

Habría que añadir, al menos, la desastrosa actuación del comisionado federal en la Tierra Caliente de Michoacán, o la actuación de la autoridad de Jalisco en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, y otras muchas más.

El estado de derecho violentado por el Estado de hecho. Inolvidables, porque ahí están latentes o patentes, los casos vivos de Mezcala, Temacapulín, Wirikuta y el Río Yaqui.

En Mezcala, el empresario Guillermo Moreno Ibarra clavado y enclavado en tierras comunales ancestrales indivisibles, por más de 12 años por la ineficacia, incompetencia, torpeza o complicidad de las autoridades agrarias y judiciales del Estado mexicano que de hecho no ejercen justicia. Por lo que ejercen injusticia, y siembran violencia. Más la presión “turística” sobre la heroica isla de Mezcala por la autoridad estatal.

Los atropellos continuos sobre las tierras ancestrales wirrárikas  y sus recursos naturales. Después de siglos de arrinconamiento, ahora el acoso continuo para despojarlos de lo último que les queda. Son los poderosos: los que detentan el Estado de hecho.

La presión moral y diplomática de las Naciones Unidas obligó a los detentadores del Estado mexicano a dejar plasmado en el artículo 1º de la Constitución los derechos elementales de las personas firmados en los tratados internacionales, que por pudor ante el mundo, tuvieron que ratificar. Creyeron que podría quedar en letra muerta, a su estilo. Pensaron virreinalmente: por la gracia de Dios.

Crecientemente, las mentes más lúcidas del pueblo soberano les están recordando la base originaria del poder público. ¿Quién mandó al diablo sus instituciones? ¿Quién les dijo que la soberanía (que detentan) reside esencial y originariamente en las despensas y en las pantallas de televisión?

 

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