La gobernanza municipal y los modelos colombianos

Todos los países americanos de habla española (y portuguesa) arrastramos en esencia los mismos problemas sociales de raíz, heredados del régimen colonial, sobre todo la terrible inequidad, vinculada al origen racial, que está en la médula misma de la formación nacional mestiza de cada uno. Aunque en distinta medida.

Parecería entonces a primera vista que logros obtenidos en estos países hermanos en materia de desarrollo municipal podrían ser imitados, o al menos tomados en cuenta como precedentes, con éxito por estas latitudes.

Sin embargo, no podemos dejar de atender el entorno nacional, específicamente el rural, de donde proceden las grandes masas que hoy inmigran a los núcleos urbanos y que son la base del crecimiento poblacional metropolitano.

Colombia sigue sin resolver su problema agrario de origen colonial. Tanto así que en pleno siglo XXI continúan en Cuba debatiendo por largo tiempo entre representantes del gobierno constituido y, del otro lado, de las FARC, o sea la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (que no es la única) en un proceso lleno de percances y retiradas unilaterales.

Porque desde los grandes intereses enclavados en el poder republicano constituido (muchas veces encabezados por el mismo ex presidente) se ponen toda clase de obstáculos al avance de los acuerdos entre ambas partes, para impedir el éxito de la reconciliación nacional, cuya raíz sólo puede estar en una prudente e incluyente reforma agraria, que hoy se enreda con el omnipresente fenómeno del narcotráfico.

La violencia en Colombia es bastante anterior: lleva ya desangrando el país desde 1948, cuando el candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, que arrollaría en las elecciones con la plataforma de la reforma agraria, fue asesinado días antes de la jornada comicial.

Han pasado 67 años de violencia continuada en Colombia. A los paramilitares de los hacendados y, del otro lado, a los guerrilleros, se suman ahora los narcotraficantes armados. Y ése es el meollo del asunto en las discusiones de La Habana: que la gran oligarquía incrustada en el gobierno no quiere que progresen, aun cuando la guerrilla declare treguas unilaterales.

Los tan difundidos logros en la gobernanza municipal en Colombia, vistos con una cierta perspectiva, han resultado ser más bien cosméticos que de fondo, porque se han basado en atender más bien los derechos políticos ciudadanos, sin basarlos en los derechos humanos elementales: las tres que cita el Papa Francisco: tierra, techo y trabajo.

Desde luego han tenido difusión mediática promovidos desde el gran poder internacional. Como si se pudieran con éxito resolver los problemas urbanos de fondo sin haber resuelto previamente la raíz agraria de las masas inmigrantes a las metrópolis de crecimiento acelerado.

La lógica nos dice que resulta más conveniente para estos rumbos tomar como referencia modelos de otros países hermanos, como Ecuador o Bolivia (con muy dolorosas experiencias por la privatización del agua), por ejemplo, que han iniciado procesos largos y profundos de cambio social en las grandes masas rurales y también en las suburbanas.

Procesos de cambio y de inclusión que inevitablemente serán largos: quizá tanto como los tres siglos de la malformación colonial, para ser completos.

Las clases medias urbanas que lo son por varias generaciones, conscientes de su ciudadanía y de sus derechos políticos, siguen siendo una delgada capa social en las grandes metrópolis. Como dijo una veterana activista: “somos siempre los mismos”. Las masas mayoritarias son urbanas (o suburbanas, aun en el centro de la ciudad) de primera o segunda generación y conforman el principal volumen poblacional en las grandes ciudades crecidas en los últimos años (ahí está en parte el problema de la basura, o de la educación vial, o hasta de la apropiación individual de las banquetas, ya no digamos el de falta de servicios)

Habrá que tomar con cautela como referencia los modelos de otras partes y no copiar extralógicamente. Pueden resultar de éxito muy relativo porque no necesariamente responden a una transformación real de carácter incluyente e igualitario. Puede ocurrir que pretendan privilegiar derechos políticos sin garantizar la base previa de los derechos económicos y sociales para todos.

Desde luego, no resultará procedente incluir entre los colectivos cívicos a agrupaciones lucrativas, que incidirían con sus intereses particulares en las políticas públicas. Por más que para algunos analistas en plaza esto resulte parte de su concepto de gobernanza.

 

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