Derechos de los niños en el AMG

En qué cabeza cabe, en qué circunvoluciones de un cerebro humano puede alojarse la insensatez de que un trámite meramente burocrático condicione, y en la práctica prohíba el más elemental y primero de los derechos de un ser humano, como es el derecho a existir legalmente?

Eso pasa, amigas y amigos lectores, en algunas oficinas del Registro Civil de la conurbación de Guadalajara. Terror de preguntar y averiguar qué pasará en otras latitudes del estado o del país.

Niñas y niños que viven como animalitos, sin registro civil ni nombre legal, a escasos metros de la Basílica de la Virgencita de Zapopan. Por la poderosísima razón de que sus padres o madres no estén en capacidad de presentar, entre requisitos condicionantes, un comprobante de domicilio.

A cada derecho de un ser humano corresponde, obligadamente, una obligación del Estado nacional para tutelarlo, sea que corresponda cumplirla a la Federación, al estado federado, al gobierno municipal, o al DIF. No puede haber, no es aceptable, niños en los terregales de una colonia irregular, o en ningún lado, así sea en la comunidad rural más apartada geográfica (porque la marginación primera es precisamente la geográfica) a donde no deba llegar un agente del Estado nación a dar la bienvenida legal a ese ser humano, niña o niño, nuevo miembro de la comunidad nacional, con plenos derechos.

Luego, al llegar a la edad preescolar, que no se vuelva a topar con la torpeza burocrática de quienes están comprometidos precisamente con la más bella de las encomiendas frente a la niñez mexicana: la educación; y les quieran negar, así, el sagrado derecho, porque alguien primero les negó el primordial.

En vez de dar acompañamiento fraterno a los progenitores para que cubran los pasos necesarios, proactivamente.

Ya no hablamos del viacrucis por el que tiene que pasar para obtener el registro extemporáneo, además de multas y recargos, casi como si fuera un delincuente, quien es precisamente el agraviado de la inepcia del gobierno, que es ofensor, al menos con su grave omisión a la vida de un ser humano.

En la euforia democrática de 1990-1991, el IFE recién fundado buscó casa por casa, rancho por rancho, hasta el último rincón de la geografía nacional, a los ciudadanos para acreditarlos como electores con su nueva credencial para votar, con “técnica censal total”.

Se encontró con más de 6 millones de mexicanos sin acta de nacimiento. No fue obstáculo, cuando hay voluntad política de hacer bien las cosas. Se recurrió al procedimiento de 2 testigos. Todos conocían en el rancho a doña Chonita; y doña Chonita tuvo entonces, con gran ilusión, el primer documento oficial de su pobre vida.

No queda claro si la Comisión de los Derechos Humanos ha tomado nota de que ahora la Comisión de Vigilancia del INE, integrada por representantes designados por los partidos políticos, está exigiendo acta de nacimiento para la obligada renovación de la credencial para votar.

De ser ése el caso, se trataría de un grave retroceso social, además de político, en agravio público de millones de personas en México: doble marginación, esgrimida con el pretexto de la pulcritud electoral.

Y volviendo a los niños del AMG, es necesario repetir una vez más que los derechos de estos infantes siguen en severo déficit; y la correspondiente obligación del gobierno es inaplazable y sin disculpa aceptable.

El poblamiento de Santa Fe – Chulavista en el municipio de Tlajomulco es un desastre urbano. Un desastre que, como en muchas otras partes del país, fue producto de una política pública federal, armada criminalmente en el periodo presidencial de Ernesto Zedillo, y continuada irreflexivamente (o quizá corrupta y perversamente) por Vicente Fox y Felipe Calderón.

Bueno: hasta el libre mercado ha repudiado esa política pública de envergadura nacional. Cientos, miles de casas permanecen vacías y se han vuelto nidos de todo: grafiteo, vandalismo, violaciones, prostitución, droga e inseguridad vecinal.

Proyectos gigantes, lejos de los empleos familiares, sin la previa cobertura de los elementales servicios comunales, ni de agua, drenaje, alumbrado, jardineo, escuelas, centros de salud, y sobre todo transporte público. Dejando el paquete a las siguientes administraciones; y proclamando irresponsablemente que “el que venga atrás, que arree”.

Largos años de nuevas administraciones municipales podrán finalmente ir atenuando tal irresponsabilidad criminal de una política pública federal, de utilidad privada, con dineros públicos que financiaron a las grandes constructoras.

Mientras tanto, los más elementales derechos de los niños jaliscienses siguen severamente en faltante, en escuelas de hojalata y sin sanitarios.

La democracia participativa se tambalea si se pretende construir sobre una sociedad inequitativa de raíz, donde la mayoría de los seres humanos está sustraída de una ciudadanía real.

www.estebangaraiz.org