Vaya estado de derecho

Ayotzinapa: otro agravio más contra los mexicanos causado por el gobierno constituido “desde el pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Crece la indignación ciudadana; la toma de conciencia se sigue articulando frente a un gobierno incompetente, ineficaz, irresponsable, para no decir cómplice y criminal. Otro colectivo más que se suma a la larga lista de los ofendidos por el poder público.

La ley no debe de ser más que la dama de compañía de la justicia. El estado de derecho es el único instrumento eficaz con el que pueden contar los ciudadanos y todos los seres humanos para la defensa y sana convivencia.

Eso dice la razón y reclama el sentido común frente a la presencia de las armas operadas por grupos violentos en toda la superficie nacional. Cada vez se ve con mayor claridad que es el propio poder público el principal violador del estado de derecho. Estamos muy cerca de un virtual golpe de estado. El crimen proviene de las instituciones.

El hablar hoy, en pleno siglo XXI, del “monopolio del ejercicio de la violencia” como una prerrogativa del Estado, más bien parece opresiva actuación frente a la sociedad civil, que no la exigencia cívica a quienes formalmente resultaron temporalmente electos, por los ciudadanos para que les brinden seguridad y bienestar. Es claro que los señores del gobierno no están cumpliendo ni lo uno ni lo otro.

Ayotzinapa, Atenco, Mexicana de Aviación, doctor José Manuel Mireles, Marco Antonio Suástegui, Río Yaqui, Río Sonora, Guerrero entero, Mario Luna, Minera México, salario mínimo, Nestora Salgado y su hija Saira, más Jesús Coronel de Olinalá, refinería Tula cancelada, Río Bacanuchi, Mezcala, El Zapotillo, la Parota, Alejandro Díaz Sántiz, La Tuta, Atilano Román y la presa Picachos, Guillermo Padrés, escuelas de hojalata, madres que paren en la calle, niños migrantes, normales rurales perseguidas, hospitales rebasados, son sólo algunas referencias. No son casos aislados. Es ya un modo sistemático de proceder: es el poder público violando sistemáticamente el estado de derecho.

De todos es sabido que las fuerzas públicas en el estado de Guerrero por más de medio siglo actúan como ejército de ocupación frente a la población civil, y específicamente contra los varones menores de edad.

En el caso concreto de Ayotzinapa: el hecho mismo de que un grupo armado y uniformado haya podido hacer desaparecer a decenas de jóvenes juntos, todos normalistas, es algo que no puede ocurrir en ningún país con buen gobierno. Es imposible.

Que el titular del ejecutivo federal salga después a declarar que se actuará “tope donde tope”, no hace más que demostrar un gobierno incompetente. Para no decir que “alguien” actuó escuchando “la voz de su amo”.

No es nuevo el acoso y la hostilidad de los gobiernos de este siglo, y de sus cómplices enriquecidos a su sombra, contra la capacidad inclusiva de las normales rurales, que fueron durante el siglo XX un espléndido instrumento de integración nacional. Trasluce una decisión  pública nacional tomada y sistemáticamente llevada a cabo en toda la nación: destruirlas. Es una política pública.

Desde luego, si su excelencia académica deja algo o mucho que desear, el faltante no es atribuible a los estudiantes normalistas que de ahí egresan. Es responsabilidad, y grave, de la autoridad educativa, y de sus rectores políticos. El dolor de cabeza no se remedia cortando la cabeza.

No podrá haber una planeación educativa eficaz en el país, si no parte del análisis elemental de los datos de INEGI y del propio SIBEN: la mitad de la población nacional permanece marginada; y esa marginación incluye desnutrición, ignorancia general, y las más elementales carencias domésticas y materiales. Para empezar, las instalaciones materiales de la educación pública deben tener la misma calidad.

Justicia elemental es tratar diferenciadamente a los desiguales. Los raseros de Bolonia en nada van a contribuir a la escolaridad eficaz que requiere la inmensa niñez mexicana marginada. Las normales rurales deben contar con la prioridad que exige su desventaja social.

Por supuesto, la parte sustantiva del análisis de la realidad educativa estará en ponderar las circunstancias culturales diferenciadas de los pueblos que integran la nacionalidad mexicana. Los niños mexicanos no son “tabla rasa”, como prejuzga Claudio X; llegan a la escuela con su propia cosmovisión, patrimonio de la sociedad en que nacen. Sobre ella debe construir la autoridad educativa.

No es masacrando normalistas como el “Estado de Derecho” recompondrá la sociedad nacional. Tampoco corrompiendo dirigentes para que no reclamen causas justas, en un programado deterioro para acabar con esos focos de ciudadanos inconformes y generadores de toma de conciencia. Esos jóvenes mexicanos, que son nuestro “bono demográfico”, tienen derecho a poder cumplir la misión que la vida les tiene encomendada, por el bien de todos.

P.D. Felicidades al pueblo boliviano.

 

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