Universidad pública anómala

Cara de asombro que pusieron alumnos del Centro Universitario Sur cuando el conferenciante les dijo: “Son ustedes una anomalía. Se han quedado sin sustento constitucional”.

No sabían, como no lo sabe la inmensa mayoría de los ciudadanos mexicanos, que otra más de las 17 regresiones que juntitos han cometido PRI y PAN desde 1989, cuando en lo oscurito (documentado detalladamente en el libro de Martha Anaya) acordaron “no hacerle el caldo gordo a Cuauhtémoc Cárdenas”, fue la reforma al artículo tercero de la Constitución perpetrada, junto con enanos del tapanco, el 5 de marzo de 1993.

En esa reforma-regresión se aprobó reducir y limitar el carácter gratuito de la enseñanza pública a sólo primaria y secundaria, dejando al mercado, como mercancía, la educación media superior y la universitaria. Que, en consecuencia, llevamos 21 años durante los cuales se cierra más y más la matrícula, quedan rechazados el 80 por ciento y más de los aspirantes a estudios universitarios; y encima se les dice que no pasaron el examen de admisión.

Sigue creciendo el número y proporción de jóvenes sin oportunidad de estudio o de empleo productivo dignamente remunerado. La sociedad, y la propia autoridad, se preguntan por qué hay tanto joven, hombre o mujer, orillado e inducido a las adicciones (que siguen criminalizadas) o de plano a las conductas antisociales y específicamente al crimen organizado.

Por supuesto, Televisa no informará a su público de esta desagradable noticia: no está para informar sino para entretener.

Los jóvenes sureños habían invitado al conferenciante para que les explicara dónde puede estar la lógica de vender un negocio cuyo producto central tiene un costo de producción por unidad de 7 dólares y se vende en el mercado internacional, en competencia abierta, no monopolio, a 100 dólares.

El conferenciante los puso a hacer operaciones aritméticas: una resta de 100 menos 7; y después varias multiplicaciones: la diferencia por 2 millones y medio de barriles diarios y después el resultado por 365 días del año.

Salía una cantidad asombrosa de las utilidades de su propio negocio nacional (antes de impuestos y derechos) ahora llamado pomposamente “empresa productiva nacional”, la cual los partidos arriba citados han comprometido para garantizar “la seguridad energética de América del Norte”, o sea la de nuestros vecinos del norte, ahora que su sueño del shale resultó un fiasco rotundo.

Pero nuestros amigos universitarios del sur de Jalisco saben que pertenecen a esa quinta parte de los jóvenes que son privilegiados al poder estudiar en una universidad pública, aunque les hayan movido el tapete desde la reforma constitucional de 1993.

Por honestidad intelectual, es necesario informar que el 9 de febrero de 2012 el Congreso de la Unión se vio en la necesidad de reparar el grave retroceso social, restaurando la obligatoriedad de la educación media superior; lo cual deja ver el desaseo institucional que estamos viviendo al desentenderse el Estado de sus obligaciones primordiales.

Tampoco les va a informar la televisión abierta que en el reporte reciente de la UNESCO sobre la cobertura de las universidades en los países de América Latina se da a conocer que Bolivia (gobernada por Evo Morales, el indio rebelde que ha impedido que el poder imperial se apropie de las mayores reservas de litio del mundo en el Salar de Uyuni) registró en el 2010 un 35 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 24 años de edad en la educación superior: un 10 por ciento más que  en el 2000.

En ese decenio Costa Rica aumentó su cubertura un 11.7 por ciento, Ecuador un 11.6, Perú un 11.4, Chile 19.3, Venezuela 11.2, Paraguay 10.7, República Dominicana 6.2, Colombia 5.8; y México, entre 18 países que cubrió el estudio, aumentó su cobertura en 5.4 por ciento.

El director de la Academia Mexicana de la Lengua, doctor Jaime Labastida Ochoa, presentó recientemente ante el secretario de Educación Pública el balance de la revisión de 86 textos gratuitos de preescolar y primaria. Las vergonzosas deficiencias incluyen 117 errores ortográficos. Observó que “su redacción se puso en manos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahí es donde se perdió el rumbo”.

La simple lógica nos dice que cualquier sindicato tiene la noble responsabilidad de lograr la plena garantía de que todos los derechos de los trabajadores serán cabalmente respetados, de igual manera para todos. No para obtener privilegios para unos cuantos dirigentes y sus cómplices.

Es el poder público el que ha corrompido sistemáticamente a sus sindicatos, encargándoles funciones políticas de control y perversión electoral. Poco se gana la ciudadanía con encarcelar algún dirigente traidor a sus torcidos intereses.

 

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