Sistema público-privado y tratamiento de aguas

A mi amigo Alberto Osorio un abrazo solidario

 

No deja de causar cierta incomodidad a la lógica: inversión privada para cumplir obligaciones públicas, que corresponden a derechos humanos de los gobernados. Hay que ponerle mucha claridad al asunto.

El gobierno, el Estado existe única y exclusivamente  para garantizar la vida y el bienestar de los gobernados. En el siglo XXI la obligación primaria del Estado de ofrecer seguridad a toda su población, no puede reducirse al criterio decimonónico del “uso legítimo de la fuerza”, o al “monopolio de la violencia”, que en realidad no es sino delegado del derecho legítimo de autodefensa de los individuos (con la excepción prevista en el artículo 10).

El agua es, sin duda alguna, el elemento clave para la sustentación de la vida. Por eso mismo, hoy es uno de los temas centrales de la convivencia humana. El uso y disposición del agua en comunidad, y específicamente su desechamiento y contaminación es hoy un problema grave de envergadura nacional (de hecho trasciende los límites nacionales) que, si es coyuntural, lleva ya más de medio siglo entorpeciendo la vida de los mexicanos.

El agua no se acaba, pero la disponible en la calidad requerida para las comunidades urbanas (y para otros usos agrícolas, industriales y demás) se constriñe cada día, principalmente en razón del crecimiento demográfico de las poblaciones. Ya no se puede dejar simplemente a la Madre Natura la regeneración de las aguas, cuando se usa, contamina y desecha a ritmo acelerado. El uso colectivo del agua tiene costos que incluyen captación, conducción, potabilización; y además, disposición y tratamiento.

Estamos viendo que la contaminación de las aguas de todos trasciende con mucho el caso de la laguna de Cajititlán. Es más: va mucho más allá de la cuenca entera de Lerma-Chapala-Santiago. Que la autoridad ha dejado acumular por decenios.

Un espléndido artículo de Agustín del Castillo  (como todos los suyos) muestra de manera fehaciente este agravio a la población: 24 de las 51 plantas tratadoras alrededor, o confluentes, de la laguna de Chapala, no operan, básicamente por dos razones: por problemas financieros o por la obsolescencia de su tecnología (que también se reduce a inversión).

Sabemos que los vertidos crudos no sólo vienen de las descargas municipales, sino de usos económicos privados industriales, agrícolas (agroquímicos), ganaderos estabulados o no, desforestación y otros. Las autoridades son omisas en el rigor necesario; y las multitas no disuaden a quienes violan la ley: “el que ensucia, paga”.

Pero además sabemos que los ayuntamientos se encuentran en una situación fiscal perversa, que les impide el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, como están establecidas en el artículo 115, con los muy escasos recursos con los que cuentan. Lo cual es absurdo.

Un importante funcionario de larga trayectoria y experiencia en el ramo hidráulico dice con tino indiscutible: “Las acciones de saneamiento hasta ahora emprendidas han requerido de inversiones superiores a  5,000 millones de pesos; en ellas se incluyen, además de las macroplantas de tratamiento El Ahogado y la de Agua Prieta, más de 800 kilómetros de redes de alcantarillado y colectores. Con esta infraestructura se saneará el 79 por ciento de los caudales de agua residual que generamos los que vivimos en la ZMG; aun así se demandan inversiones adicionales. El reto es mayúsculo; se reconoce que lo hecho no es suficiente. La solución integral demanda otros 6,000 millones de pesos”.

Sigue diciendo: “Para enfrentar el reto de conseguir el dinero aplicado y el adicional descrito, fue y es necesario profundizar la búsqueda de alternativas de financiamiento para en el menor tiempo posible tener recursos para avanzar en la solución del grave problema de contaminación del río Santiago”.

Y viene el punto de debate: “Hasta ahora se previó y se prevé recursos federales a fondo perdido de hasta el 49 por ciento y complemento vía inversiones de la iniciativa privada la obtención de los recursos para materializar la obra”.

México, una de las 12 economías más grandes, recauda escasamente el 11 por ciento de su economía privada; el otro 8 por ciento lo aporta, hasta ahora, una sola empresa: Pemex. Cuando Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Canadá, recaudan más del 40 por ciento de su producto nacional.

La cifra calculada en México por el propio SAT por la “consolidación fisca”, o sea elusión, asciende a 850 mil millones de pesos de elusión fiscal. Videgaray le admite a la senadora Dolores Padierna que “la reforma hacendaria no lo elimina”.

La cuestión es entonces: el financiamiento público – privado es la única salida legal a la que pueden acudir los ayuntamientos para cumplir con sus obligaciones constitucionales. Es legal. Pero es una muleta.

Habrá que continuar con el tema.

 

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