Sistema público-privado y tratamiento de aguas (II)

Resulta necesario volver al tema.

México es un país notoriamente subdesarrollado en términos fiscales. De ahí derivan muchos, muchos de sus problemas sociales y aun económicos; y, por supuesto, de ahí deriva la notoria imposibilidad de resolverlos. Y es una decisión pública: del gobierno.

El subdesarrollado régimen fiscal mexicano, además de ser extremadamente reducido, no reúne los requisitos fundamentales de ser progresivo, redistributivo y eficaz, como marcan los criterios de aceptación universal. Tenemos un vergonzoso sistema fiscal, que no resiste la más mínima comparación internacional.

La mitad más desarrollada de los países del mundo recauda en promedio más del 30 por ciento sobre su producto nacional bruto, es decir el triple de lo que recauda México de su economía privada. El resto del presupuesto corriente, como se sabe, viene del saqueo de nuestro patrimonio energético no recuperable; y ahora decidieron acelerarlo.

No es progresivo, porque no recauda más de quien más acumula con el trabajo de todos. Narra la senadora Dolores Padierna su entrevista privada con Luis Videgaray, secretario de Hacienda: “Le referí que los grandes grupos pagan entre 1.7 y 10 por ciento y no 30 como corresponde: América Móvil sólo pagó 5.98 por ciento de ISR en 2012; Bimbo 1.27 por ciento; Televisa 5.85 por ciento; Soriana 1.61; Carso 3.53; Wal-Mart 2.30; Bachoco 1.53; Liverpool 4.15; Palacio de Hierro 2.68; Grupo México 12.64; Modelo 6.63; Gigante 3.16, entre otros”.

El doctor Videgaray le reconoció que este boquete de elusión fiscal, o sea evasión legal, que el propio SAT ha calculado en 850 mil millones de pesos, “la reforma hacendaria no lo elimina”.

En cambio, de todos es conocido el malestar generalizado que ha causado y sigue causando, el ensañamiento disfrazado de “facilidades” contra los pequeños contribuyentes, que en muchos casos ni poseen ni saben utilizar la computadora. Otro colectivo más de agraviados por el gobierno general, entre otros muchos.

El IVA sigue aumentando y peor en la zona fronteriza norte, cuando todos los tratadistas fiscales del mundo saben y publican que es un impuesto notoriamente regresivo, porque proporcionalmente castiga más el consumo imprescindible de los más necesitados, que en nuestro caso corresponde a la mitad de los mexicanos.

Es verdaderamente irritante oír a ciertos dirigentes “empresariales”, varios de los cuales acumularon sus fortunas a la sombra del poder público o con su abierta complicidad, repetir machaconamente que “hay que ampliar la base gravable”, cuando el verdadero problema fiscal está en la cúspide y no en la base.

La informalidad (hay que decirlo bien claro) no es la causa sino la consecuencia de nuestra falta de desarrollo por incompetencia, o por deliberada actuación, del poder público.

La única solución al enorme  problema económico y social de la economía informal está en el cumplimiento cabal del artículo 123 constitucional y específicamente al párrafo sobre el salario mínimo, que dicta que será “suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia”.

Hoy no sólo es una farsa “tripartita”, sino que, según INEGI y la CEPAL han publicado, ha perdido tres cuartas partes del poder adquisitivo que tenía en 1976. Este año 2014 los órganos empresariales han hecho saber que el mercado interno, o sea las adquisiciones de las familias mexicanas, se han reducido: vamos para atrás.

Mientras el salario mínimo cumplía con lo establecido en el Texto Rector, de 1942 a 1982, la economía mexicana creció por 40 años a un ritmo anual superior al 6 por ciento (sin exportar petróleo). Desde entonces, 32 años de recetas neoliberales, el crecimiento promedio no rebasa el 2 por ciento. Y quieren más de lo mismo para salir del hoyo tridecenario.

También es ineficaz el fisco mexicano. Despilfarro en el uso de los recursos  públicos, gasto en banalidades, salarios insultantes de los “servidores públicos” de alto nivel; y terrible incumplimiento de obligaciones públicas, correspondientes a derechos humanos: atención perinatal (para combatir la espantosa mortalidad infantil), educación pública (sin planteles de hojalata ni cuotas ni matrículas cerradas), salud, generación de empleo y más.

También es ineficaz, criminalmente, en el tratamiento de aguas usadas. Obligar a los gobiernos locales y municipios a tener que recurrir al sistema público – privado para contar con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones constitucionales, es un grave desgobierno.

Es legal, sí; y no les queda de otra. Pero es un disparate en términos de eficacia nacional.

P.D. Ahora resulta que la consulta energética es un asunto fiscal. Llevan 32 años desvirtuando su carácter estratégico, y sangrando el patrimonio.

 

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