Revolución vigente por inconclusa

Días enteros, los medios de comunicación de Jalisco, especialmente televisión y radio, han ilustrado al público sobre el problema suscitado en el reacomodo de los vendedores ambulantes del centro de Guadalajara, en aplicación del reglamento municipal.

Unos 500 vendedores ambulantes son aproximadamente la diezmilésima parte de los habitantes  de esta metrópoli. Si calculamos 5 mil cruceros en Guadalajara y estimamos 4 subempleos por crucero, entonces comenzamos a darnos cuenta, con buena fe, que el asunto va mucho más allá de que “se vea limpio el centro”, o de que no haya competencia desleal al comercio establecido de la zona.

El problema, según un perspicaz periodista, es que los subempleados de crucero ganan más en el día que quien tiene un empleo formal. Si lo vemos del otro lado, nos damos cuenta de que el inconveniente no es entonces el ambulantaje, sino la miseria de la remuneración del empleo formal. Como ya es ampliamente conocido, sólo el salario mínimo, que es la referencia para todo el sistema salarial en México, ha caído en su poder adquisitivo a un escuálido 24 por ciento del que tenía en 1976, el año de mejor condición laboral en toda la historia del país. Ahí está el meollo del verdadero problema de dimensión nacional.

Entre otras cosas, porque los empleos considerados formales no cumplen con los derechos laborales previstos en las disposiciones constitucionales que tenemos desde 1917 (el primer país del mundo que lo puso en el Texto Rector de la Nación) ni mucho menos con los tratados internacionales ni los lineamientos de las Nacionales Unidas.

A 105 años de iniciada la Revolución Mexicana, y 98 de la Constitución y su artículo 123, resulta que la autoridad responsable de la información oficial nos hace saber que la tasa de informalidad laboral se mantiene cercana al 60 por ciento de la población ocupada.

O sea que, si en 1894 el Ministro de Educación y Justicia del régimen de Porfirio Díaz, don Justo Sierra les echaba en cara a los Diputados del Congreso de la Unión que “cuatro quintas partes de los mexicanos son parias y no tienen derechos”, hoy seguimos con tres quintas partes (de aquellas cuatro) en la informalidad y sin seguridad social.

Menos de 18 millones de trabajadores y sus familias están afiliados a la seguridad social verdadera (no a la farsa del llamado Seguro Popular). Desde que Enrique Peña Nieto se aloja en Los Pinos, diciembre de 2012, a la fecha, se han generado oficialmente un millón 700 mil empleos formales, caracterizados por su precariedad: el 77 por ciento entre uno y dos salarios mínimos, o sea: entre 70 y 140 pesos diarios; y empeorando. En una población nacional cercana a los 120 millones.

Con todas las carencias por falta de abasto de medicinas y saturación hospitalaria de esa benemérita institución: el IMSS. Lo que ciertamente no es atribuible a los trabajadores asalariados sino a los grandes decisores de las políticas públicas desde 1982 y a los dirigentes económicos en plena complicidad.

A esta desgracia central de nuestra convivencia como nación hay que sumarle un Estado débil, sin capacidad para garantizar seguridad a su población; y además sin poder atender económicamente a las necesidades del buen gobierno en lo más elemental; sobrevivencia, nutrición, salud general, escolaridad para todos, vivienda digna, derecho al trabajo productivo y remunerado.

Un índice de mortalidad infantil vergonzoso, inaceptable, tripe del de cualquier país civilizado. Una escolaridad que, en vez de empezar por las escuelas dignas y austeras para todos, concede “autonomía escolar” para que los padres de familia paguen la escuela gratuita; y regala tabletas a dos docenas de niños privilegiados. En vez de reformar su docencia anticuada, pretende “aplicar la ley” sancionando maestros.

En realidad la Revolución Mexicana no empezó el 20 de noviembre de 1910. La verdadera revolución, la de la toma de conciencia de que una república auténtica  era imposible en una sociedad con 4 quintas partes de excluidos, que no podían votar, ni decidir de sus vidas, no usaban dinero, ni sabían leer, ni subían al tren: esa conciencia se formó en el programa de Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón en 1906.

Ese mismo año estallan las huelgas de Cananea en Sonora y de Río Blanco en Veracruz; y las brutales represiones. El imperio entra en pánico. En 1908 se programa para el 25 de junio el levantamiento armado. Hay rebeliones en Viesca y Las Vacas, Coahuila, en Palomas, Chihuahua y en Valladolid, Yucatán. También brutalmente reprimidas.

Aparece entonces la versión política: el antirreeleccionismo, que concluye trágicamente con el asesinato de Madero tramado en la Embajada. Estalla entonces la verdadera rebelión, que se legalizó en 1917 con los puntos centrales del programa del Partido Liberal. Ahora traicionado. Vigente por no terminado.

 

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