Religión y compra-venta de voto ciudadano

Si “alguien” compra votos ciudadanos es que hay alguien que vende su voto. Alguien que no sabe que es ciudadano, que no sabe que es soberano, que no sabe (o que sabe que no) que él, o ella, decide soberanamente los destinos de la patria.

Se ven venir contra está ingenua columna un montón de recados electrónicos con un simple y sarcástico texto: ja, ja, ja.

En este tortuoso y nada transparente proceso legislativo para modificar las normas electorales, llega uno a la simple conclusión de que todos los cambios propuestos sólo interesan a los profesionales de la política y sólo afectan a los aspirantes a puestos de elección, dejando una vez más a un desdeñoso lado a los ciudadanos soberanos y la eficaz emisión de su voluntad.

Todas las disposiciones a la vista apuntan a que hay un propósito central: el grupo político de la iniciativa, condicionante e “irreductible”, sólo busca un cómodo posicionamiento como honorable oposición al gobierno, que “resista y apoye”, según la sabia politología de don Jesús Reyes Heroles.

Asunto entre profesionales. Pelea por curules y puestos. Poco, muy poco, importa la voluntad del pueblo mandante. Nada que pueda impedir el bochornoso fenómeno que llegó a su máxima expresión en la elección de 2012. Bochornoso, generalizado y a la luz de todo el mundo, aunque legalmente resultara indemostrable para efectos de lo que debió ser una indudable anulación de todo el proceso electoral.

Pero hay algo más que completa las piezas del rompecabezas. Después del cuadro de demolición del artículo tercero, del 27, del 123, sólo falta irse con toda determinación contra el 130. Con eso se completará el compromiso neoporfiriano.

 En 1988 Carlos Salinas, en virtud de las atribuciones de que se hallaba investido, mandó perentoria y fulminantemente cerrar el Instituto de Capacitación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, donde se enseñaba a los jóvenes cuadros del partido que las cuatro grandes columnas del proyecto nacional de la Revolución Mexicana eran: el artículo tercero sobre la educación pública laica y cabalmente gratuita; el artículo 27 sobre la rectoría económica del Estado y la propiedad originaria de la Nación sobre los recursos naturales; el 123 sobre los derechos de los trabajadores; y el 130 sobre el Estado laico para garantizar y tutelar la libertad para todas las creencias.

El citado personaje político había asumido la misión de desmantelar precisamente esas cuatro columnas. Primero tenía que cerrar el ICAP, ese foco de oscurantismo retrógrado y trasnochado.

Ahora hay que referirse a la inclusión en la iniciativa de reforma electoral para que ministros de culto puedan inducir a la emisión del voto. Siempre han podido, porque el cumplimiento del derecho y deber de emitir el sufragio es absolutamente una obligación, la más importante (por ser la que más importa, o sea la que más incide) de todo ciudadano; que en el caso de los fieles creyentes reviste además la característica de un mandamiento moral grave.

Así que efectivamente corresponde a todo ministro de culto la obligación moral grave de orientar a los fieles sobre la gravedad del ejercicio ciudadano.

Lo que incluye la advertencia de que vender su voluntad ciudadana por una bicoca de favor personal es una falta moral grave que perjudica de manera terrible a todos los miembros de la comunidad nacional.

Si consideramos que las estadísticas nacionales indican que un muy alto porcentaje de los mexicanos se declaran miembros de una religión, llegamos a la conclusión de que los jerarcas y ministros de culto deben asumir esta tremenda responsabilidad de orientar a sus desinformados fieles, mantenidos deliberadamente en la ignorancia cívica por el poder malhabido; sobre la tremenda gravedad que representa intentar vender su voto.

Venderlo a alguien que se niega a trabajar un leal convencimiento de que su grupo político llevará a cabo un gobierno de justicia para todos y en favor de las grandes mayorías desfavorecidas.

Vender su voto significa ser cómplice de que continúen los agravios contra las mayorías trabajadoras con salarios de despojo; significa la negación para niñas y niños de una digna escolaridad como es su derecho; que continúe este mar de corrupción en la que estamos hundidos, esa falta generalizada de justicia para todos, esa violencia no controlada por el gobierno que debe garantizar la paz y la seguridad para todos.

Esa puede obligadamente ser la gran contribución de las jerarquías religiosas al civismo y a la democracia. Que nadie venda su voto para que nadie pueda comprarlo porque no sabe convencer.

 

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