Pemex: Solución fiscal o base del desarrollo nacional

Pemex es ahora “empresa productiva del Estado”, y la Nación, según nos aclaró machaconamente Enrique Peña Nieto, sigue siendo la dueña del petróleo de las entrañas de la tierra mexicana.

Según los resultados de los primeros tres trimestres del año en curso: enero a septiembre inclusive, la empresa productiva del Estado obtuvo utilidades de operación por 145 mil 230 millones de pesos.

A pesar del derrumbe del precio internacional del crudo y de la reducción de los volúmenes de extracción, Pemex sigue siendo un muy buen negocio para los mexicanos, sus dueños. Lo demás es asunto de quienes manejan las políticas públicas.

Y en las políticas públicas  sobre el recurso propiedad de toda la Nación mexicana, el punto central de debate es qué hacer con ese enorme recurso: o lo gastamos en el presupuesto federal por ineptos en la recaudación progresiva; o nos sirve de base para el desarrollo industrial, como ocurrió desde 1938 hasta 1982, casualmente las décadas en las que el producto nacional creció a un ritmo anual de 6 por ciento.

Hundidos y todo, los precios del crudo en el mercado internacional, fijados teóricamente por el juego de oferta y demanda, triplican y más su costo técnico de producción por cada barril extraído por Pemex, de los más bajos del mundo. Sigue siendo una actividad muy lucrativa. Lo demás es otra historia. Que debe ser la base de la reflexión sobre qué hacer con esa riqueza natural de todos. 

Ahora, hasta los israelitas, en voz de su ex presidente Shimon Peres de visita en México, vienen a decirnos qué hacer con nuestras riquezas naturales. Imagínense a los israelíes exportando su petróleo en crudo e importando gasolina y otros petrolíferos refinados en el extranjero con su crudo enviado al país vecino.

Que porque resulta “mejor negocio”, como dice el joven director de Pemex de apellido materno Austin (todo un presagio).

Imagínense a los israelíes importando fertilizantes nitrogenados por haber desmantelado Fertilizantes Israelíes, producidos con materia prima de su subsuelo: con qué garantizarían su seguridad alimentaria y su agricultura subsidiada.

Pero la Secretaría de Hacienda de México sigue por decenios con la misma política pública: con tal de no cobrar impuestos a los 42 grandes consorcios como marca el principio fiscal de progresividad, cargando más a los que más acumulan, entonces prefiere gastar, o sea desangrar a Pemex; y encima humillar a la empresa productiva del Estado, dejándola contablemente con números rojos, año tras año.

En estos tres trimestres de 2015 la desmesurada carga fiscal sobre el petróleo, que se acaba, ha hecho que Pemex tenga pérdidas contables netas acumuladas por 352 mil 800 millones de pesos. Mientras tanto, y sólo en el primer trimestre del año, el propio Sistema de Administración Tributaria, SAT, de la Secretaría de Hacienda, nos informa que los grandes contribuyentes han dejado de pagar 389 mil millones de impuestos.

Eso mientras seguimos restando diariamente a nuestras reservas no renovables un promedio diario de 2 millones 260 mil barriles de crudo más 5 mil 500 millones de pies cúbicos de gas natural.

Como, por el desangrado fiscal, Pemex se queda sin recursos para exploración y perforación, entonces tiene que endeudarse para seguir trabajando. Al día de hoy los adeudos de la empresa superan en 51 por ciento a sus activos sobre superficie; y en estos tres trimestres de 2015 esos adeudos crecieron un 12 por ciento. O sea: quiebra técnica empresarial provocada por el propio gobierno.

Las políticas públicas federales han llevado a Pemex a la quiebra, han desmantelado y dejado envejecer la refinación, la petroquímica, los fertilizantes y cerrado la posibilidad a las empresas derivadas nacionales privadas; y también la cierran a la consolidación de la autonomía industrial nacional en un mundo cada día más globalizado.

Todo en aras de “la seguridad energética de América del Norte”, donde cada día nos corresponde un papel más subordinado y dependiente de decisiones ajenas.

En consecuencia, también se ha dañado severamente la seguridad alimentaria nacional, colgándola de decisiones externas y de precios internacionales de los insumos agrícolas.

Justo todo lo contrario a las políticas públicas de Noruega, donde la petrolera estatal Statoil paga impuestos como cualquier empresa, acumula para las futuras generaciones un Fondo que no se toca, el gobierno cobra impuestos crecientes a los grandes consorcios privados, el fisco recauda del mercado el 49 por ciento del PIB, o sea 4 veces la esmirriada recaudación mexicana; y la empresa pública se mantiene robusta.

Engañosamente y para “documentar su ineficacia”, se menciona que Pemex tiene excesivo personal operativo para el volumen del crudo que produce. El criterio empresarial para esa comparación debe ser cuánto impacta en el costo de producción de cada barril la parte de pago a los trabajadores de cada empresa en el mercado mundial. Pemex resulta muy bien librado. El número de familias que viven de esa actividad es un cálculo social; no empresarial.

Ahora resulta que sí vamos a importar petróleo, después de 41 años. Estados Unidos, que sí considera estratégica su seguridad energética y que sí interfiere en la economía de libre mercado cada vez que lo considera conveniente para su vida nacional, ha autorizado la exportación de crudo ligero (que le sobra temporalmente) al vecino México, a cambio de crudo pesado de México, útil para sus refinerías de alta conversión. Serán 75 mil barriles diarios. En el marco de que nos siguen faltando 5 refinerías aquí.

Dice Pemex en su Informe de Resultados: “El que todos los participantes de la industria de petróleo y gas en México cuenten con las mismas reglas del juego es un elemento indispensable para que la Reforma Energética brinde los frutos esperados”.

 

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