Niños de primera y niños de segunda categoría

¿Por qué hay dinero para iluminar la Catedral y no hay para que todos los niños tengan una escuela igualmente digna? Sólo eso: digna. Igualmente.

Es el gobierno el que perpetúa la discriminación. El primero en violar la ley y los derechos humanos más elementales. No sólo no combate la discriminación. La ahonda. El gobierno federal y los gobiernos estatales. Por supuesto, Jalisco incluido. Ejecutivo y Legislativo. Para no hablar del Judicial.        

Así como hubo un “socialismo real” en la Unión Soviética, hay una “democracia real” en los Estados Unidos de América; y una “justicia real” en México.

Niñas mexicanas sin la dignidad humana de los sanitarios. Niños mexicanos en escuelas de hojalata, o de piso de tierra. No sólo es un asunto de rezago, espantoso, sino de discriminación. Artículo primero de la Constitución. La que juran guardar y hacer guardar cuando asumen su función de gobierno, que dicen que les otorgamos nosotros los soberanos de ésta que nos dicen que es república donde el pueblo es soberano y manda.

¿Por qué hay dinero para iluminar la Catedral y no hay para que todos los niños tengan una escuela igualmente digna? Sólo eso: digna. Igualmente.

Ese es el tema real de la educación en México. Mucho más importante que si hay maestros incumplidos o aviadores sindicales. Que también es una vergüenza. Propiciada desde el gobierno: del PRI, del PAN; y seguramente también del PRD. Dinero que serviría para completar las escuelas dignas.

Los censos siempre son útiles. Así sabemos la verdad social y salta a la vista lo que hay que corregir. Ahora impactan los resultados del censo de INEGI con la SEP, por incompleto que haya resultado.

Es inaceptable que alguien de la autoridad interprete los resultados concluyendo que en Jalisco hay un “rezago muy bajo”. Proyecta un subconsciente brutalmente discriminador: al cabo que son los niños de la periferia metropolitana, venidos de quien sabe dónde;  o niños de segunda categoría de los municipios de pueblos marginados, no neogallegos. Mexicanos de segunda, descendientes de los conquistados.

Hay en Jalisco 1,695 centros preescolares sin agua, 2,092 primarias, más 651 secundarias. Pero no importa a los gobernantes de carros lujosos: es un “rezago muy bajo”.

No importa si un 11 de los 15,348 planteles no tienen ni siquiera luz eléctrica. Al cabo que la Comisión Federal de Electricidad, que nació para electrificar el país entero, ahora ya es “empresa de clase mundial”.

Benito Juárez, en medio de las turbulencias heredadas de la independencia trigarante, logró dejar al morir las primeras 7,000 escuelas públicas gratuitas y laicas. Porfirio Díaz, después de 35 años, logró aumentarlas a 9,200 para un país de 15 millones de habitantes. Naturalmente concentradas en las cabeceras municipales. No para los hijos de peones de las haciendas.

Si hoy en Chiapas el 14 por ciento de las escuelas tienen todavía el piso de tierra, el 7 por ciento en Guerrero, el 5.7 por ciento Nayarit, el 5.5 en Oaxaca, el 4.8 en Durango y el 4.3 en Michoacán ¿no es la educación una responsabilidad federal y primordial? Hagamos torres de luz y Panamericanos.

Hay 20 mil 152 planteles sin sanitarios. Por ahí tiene que empezar la reforma: por las condiciones materiales. Por aprender la dignidad de su cuerpo, de su persona.

Además, ¿por qué egresan los maestros mal capacitados y motivados de las escuelas normales? ¿Quién los forma y les otorga título? Hay 23 millones de escolares en 200 mil planteles de educación pública; y un 10 por ciento más en instituciones privadas. Mucho se ha avanzado en cantidad, en cobertura desde hace 100 años.

Una décima parte de los escolares, precisamente los de los pueblos originarios (que sólo por eso podrían reclamar prioridad), se expresa en una lengua materna que no es la oficial del Estado mexicano. Tienen derecho a ser alfabetizados en su idioma materno.

Justicia es tratar desigual a los desiguales privilegiando a los desventajados. También la convivencia social requiere rampas en las banquetas y semáforos con sonido.

Reconoce el Coordinador General de la Secretaría públicamente que “no se pueden generar condiciones adecuadas de enseñanza y aprendizaje si no cuentas con las condiciones de infraestructura educativa”. Cierto, pero no es asunto de “rezago”. Es un asunto de discriminación pública contra los niños de segunda categoría.

Dejar el mantenimiento de los planteles a cargo económico de los padres de familia ahonda las diferencias, e incluso propicia discriminaciones al interior de las sociedades de padres hacia quienes no están en capacidad de aportar (que son la mitad nacional) Precisamente ese es el espíritu igualitario de la educación gratuita: superar diferencias e incluir. Cada restricción presupuestal significa trato diferenciado a quienes tienen igual derecho.

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