Gobernanza corporativa

En diversos centros universitarios de estas tierras, privados y públicos, se está promoviendo como novedoso y conveniente el concepto, y la práctica, de la gobernanza.

La gobernanza, en su sentido esencial, es una propuesta frontalmente contraria a la democracia igualitaria de esencia republicana. Hasta gramaticalmente.

Dice a la letra del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que gobernanza es: el “arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social o institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”.

Como se puede observar a simple vista, la idea central de la gobernanza como “sano equilibrio” entre el Estado y el mercado de la economía, no es ni más ni menos que la versión moderna del viejo corporativismo medieval, que en el pasado siglo XX fue la esencia estructural del fascismo.

La claridad mental es esencial e indispensable en el análisis social, sea económico o político. En diversos foros académicos, incluso el Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, y con reconocidos analistas, hemos intentado sin éxito hacer notar la clara inconsistencia.

El propósito central y prioritario de la empresa privada es la obtención de utilidades. Cualquier otra consideración de cualquier índole se subordina a esa meta.

Incluso ahora que en el ámbito de las Naciones Unidas se ha promovido con éxito la formación y orientación de” empresas socialmente responsables”, algunos perspicaces analistas empresariales han hecho notar que, además, la actuación socialmente responsable de una empresa contribuye de manera eficaz a mejorar el propósito central de toda empresa: mejora sus utilidades. Ser socialmente responsable deja.

Ya sabemos que hay en el país empresas mineras, y de otros ramos, de una voracidad inaudita, que han causado enormes estragos en el ambiente natural de nuestra tierra, con la complicidad del Estado en abierta violación de las normas rectoras.

Igualmente que el “sano equilibrio” entre el Estado y el mercado, o sea las empresas que co-gobiernan, o más precisamente: los que mandan a los que mandan, han impedido que se retiren de las carreteras nacionales los monstruosos transportes de doble remolque, que tantas tragedias han ocasionado.

Por eso, en una república “socialmente responsable” no cabe, no puede aceptarse racionalmente, que el mercado co-gobierne una sociedad democrática. Los derechos humanos vitales deben estar por encima del mercado. No son mercancías sujetas a oferta y demanda.

En el caso nuestro, está claramente decidido desde hace 100 años (menos tres meses): “la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”.

Más claro ni el agua: propiedad privada sí, pero siempre sujeta a la rectoría económica del Estado tutelador de todos los derechos de todos los habitantes de la Nación, en la misma medida, sin “sano equilibrio” con instancias cuyo propósito superior es la obtención de utilidades y no del bien común ni el cuidado del planeta.

Si algún privilegio ha de haber, será a quien más lo requiera en bien de todos. Como es el caso del privilegio a la maternidad en los derechos laborales dictados en el artículo 123 de la Constitución.

Hay otro punto esencial de la vida republicana y democrática en el que la gobernanza promovida desde Washington (o desde la Calle del Muro de Nueva York) se confronta radicalmente con la esencia y ejercicio de la soberanía popular paritaria, que no es lo mismo, rotundamente, que el “sano equilibrio” entre el Estado, titular de toda la ciudadanía de manera paritaria, y los intereses empresariales lucrativos según su respectiva capacidad de influencia, como si fuera un móvil de cuarto infantil.

Mucho menos cuando se trata de intereses particulares procreados desde la órbita del Estado y nutridos con toda clase de concesiones de negocio, que muchas veces son formalmente legales (como cuenta Enrique Peña Nieto de una famosa Casa Blanca).

Entusiastas grupos cívicos, en el afán encomiable de una genuina participación ciudadana tan necesaria para avanzar en nuestra pobre democracia, se pueden ir con el señuelo de la gobernanza. Su propia definición gramatical nos debe poner en alerta.

Aun cuando la realidad global nos arrolle, no podemos aceptar en términos doctrinarios que ése sea el deber ser o el ideal de la genuina ciudadanía.

La soberanía de la Nación se ejerce a través del voto ciudadano universal y directo: voto paritario, ejercido individualmente; no mediante “sanos equilibrios” entre y con los intereses empresariales, según el tamaño, como si fuera sociedad anónima. La democracia no es sociedad anónima por acciones.

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