Foro Oportunidades y la certeza jurídica

Sorprende que entre las reformas (las deformas habría que decir) constitucionales recién aprobadas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, o sea el proyecto nacional a medio cumplir de 1917, no se hayan llevado también entre las patas, de refilón una estorbosa disposición del 27 que obstaculiza la libre inversión en la minería saqueadora que hoy impera, con especiales facilidades desde la reforma salinista en la materia.

Resulta que más de la mitad de las tierras nacionales son de propiedad social; y muchas de las explotaciones extractivas en marcha, o en proyecto, están asentadas en superficies que son propiedad de comunidades agrarias, la mayoría de ellas en reconocimiento de asentamientos inmemoriales prehispánicos, como es el caso de Mezcala en la rivera de Chapala.

Y resulta igualmente que el artículo 27 continúa conservando una sabia disposición: quién es la suprema y definitiva autoridad en la comunidad agraria. Este debería ser, al parecer, un detalle importante para quienes insistentemente reclaman “certeza jurídica”. Ahí la tienen.

Dice el citado, y todavía estorboso, artículo 27: “La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea”.

Que quede claro: el comisariado no puede tomar decisiones a nombre de la asamblea general; y mucho menos cualquier otro miembro o dirigente; el comisariado sólo tiene atribución de ejecutar las resoluciones del órgano supremo, que es la asamblea.

Si de verdad los organizadores del Foro Oportunidades, previsto para los días 25 a 27 de febrero próximos, que serán autoridades federales del ámbito de la energía y la minería, quieren ofrecer a sus clientes (es parte del nuevo léxico público) la “certeza jurídica” que ellos reclaman, y a la cual los funcionarios están obligados, más vale que sean explícitos con anterioridad ante los futuribles extractores en aclararles este punto: quién tiene la autoridad definitiva en la superficie debajo de la cual está su tesoro a extraer y llevárselo.

También convendrá aclarar que todavía existen legalmente en México autoridades que tienen la atribución de ley de vigilar que se cumpla con certeza jurídica esta disposición constitucional; y que además, al asumir su cargo público protestaron guardar y hacer guardar.

Sobra decir también que, para atestiguar que la asamblea general de la comunidad agraria sesione legalmente y tome acuerdos de tanta trascendencia para ella con apego estricto a derecho,  deberán cerciorarse de que el acuerdo entre la empresa extractiva y la asamblea comunitaria incluya compromisos laborales y ambientales previos y expresos igualmente apegados a las disposiciones legales existentes en esas materias; y además dejar constancia de ello.

Sólo así todas las partes en el negocio podrán garantizarse mutuamente la “certeza jurídica”, que hoy sabemos que no está garantizada, a juzgar por los numerosos conflictos que aparecen a diario en comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional. Como fue recientemente el caso del municipio de Cuauhtitlán de García Barragán en el estado de Jalisco.

Obligación de las autoridades competentes, incluidas las estatales, que deben actuar previamente de acuerdo con sus atribuciones legales, para no tener que acudir cuando ya el conflicto estalló y las comunidades se soliviantan ante al impunidad y el atropello, que incluye asesinatos y desapariciones de dirigentes comunitarios que reclaman los derechos de su comunidad y sólo eso: la ley.

La certeza jurídica es para todos y debe proteger prioritariamente a los más desprotegidos. Queda claro que en el caso de las actividades extractivas la parte más desprotegida es la comunidad agraria, que, en muchísimos casos, a la hora de la dotación o reconocimiento agrario, a falta de tierras cultivables, recibió en propiedad recursos naturales comunitarios para ulterior explotación.

Resulta que hoy provocan la codicia y el acoso de intereses externos que pretenden despojar y excluir a sus legítimos dueños, como los últimos coletazos de la Conquista, ahora revivida.

www.estebangaraiz.org