Ejército prostituido por el poder civil

Entre las amplias facultades que la Constitución nacional atribuye al titular único del Poder Ejecutivo de la Federación, está el de ser Comandante Supremo de las fuerzas armadas.

El artículo 89 en su párrafo VI indica que es su atribución directa: “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

Si hay algún órgano público en el que la responsabilidad total corresponde esencialmente al más alto superior en el orden jerárquico es precisamente el Ejército. Las órdenes en el Ejército siempre vienen de arriba. Si en algún nivel de la cadena de mando se tuerce, o desobedece la orden superior, las sanciones son terribles; y así debe ser. Ahí está la clave de la eficacia militar.

Dice ahora Enrique Peña Nieto, titular único del Ejecutivo Federal, y dice bien, que: “El origen de nuestras fuerzas armadas es nuestro pueblo, y su único fin es servir al pueblo de México”. La ocasión era propicia: la conmemoración del 102 aniversario de la Marcha de la Lealtad.

Recordarán los mayores de edad cómo durante el siglo XX, en los desfiles militares de cada año, a los que acudía el pueblo con ánimo festivo y en familia, las fuerzas armadas recibían el aplauso espontáneo de la gente, del pueblo: niños, ancianos, mujeres y hombres. Los mexicanos implícitamente veían en las fuerzas armadas que marchaban a sus jóvenes en servicio de la Patria (“guachos” en purépecha y en el español de Tierra Caliente quiere decir: muchachos).

Más aun: quienes en nuestra juventud cumplimos con la obligación cívica del Servicio Militar Obligatorio con uniforme caqui y con arma al hombro, recibíamos la ovación de la gente. La educación cívica incluía festivamente el ceremonial militar; y todavía en la ley de hoy, el saludo civil a la bandera no es más que una simplificación de la orden militar de “presenten armas”.

Hoy el civismo popular está lastimosamente perdido: en sus formas y también en su fondo. Las directrices neoliberales hasta en eso han calado en la convivencia nacional. El respeto y el cariño por las fuerzas armadas están sensiblemente deteriorados. Diga lo que diga Enrique Peña Nieto.

Por lo que toca al estado de Guerrero hace decenios que nuestra fuerza armada actúa como ejército de ocupación: hay una mutua desconfianza y hostilidad. La gente en Guerrero aborrece al ahora famoso batallón 27 de Iguala. Parte de la recuperación sería el desmantelamiento del 27; no de la normal de Ayotzinapa.

El Ejército mexicano tiene hoy dos enormes faltantes con su pueblo. Su obligación primaria y fundamental es cuidar las fronteras nacionales. Por ellas han penetrado sin control en los últimos decenios más de medio millón de armas largas clandestinas de alto poder, que andan sueltas por toda la geografía nacional y que no están precisamente bajo el registro del Ejército. Esta grave falla no es atribuible a los efectivos uniformados. Es responsabilidad directa del Ejecutivo en turno.

El saqueo a los ductos energéticos: crudo, gas, gasolinas, combustibles, no sólo representa una importante merma al patrimonio de todos los mexicanos. Es cualitativamente de la mayor trascendencia por las implicaciones que tienen en la actividad nacional. Desabastos ocasionales, suplidos con emergencias caras, demuestran lo serio del caso.

Es parte esencial de la seguridad interior encomendada constitucionalmente y no puede ser declinada en guardias privadas.

Legalmente es responsabilidad del Ejército cuidar la seguridad y funcionamiento de las instalaciones energéticas del país, que por definición son estratégicas. A pesar de la desastrosa reforma energética iniciada por Peña Nieto (y antes por Felipe Calderón) y secundada con irresponsable alegría por las “mayorías parlamentarias” en ambas cámaras del Congreso de la Unión y por la mayoría necesaria de los Congresos estatales.

Eso sí fue vandalismo y no el de las protestas populares inconformes. Eliminar el carácter estratégico de la producción de los hidrocarburos, para garantizar “la seguridad energética de América del Norte”. O sea: soberanía diluida, soberanía subrogada.

Ahí sabemos cuáles de los 10 partidos (7+3) están por cuál de los dos proyectos de nación. La subrogación soberana o la defensa nacional.

“En la lealtad – dice el General Secretario Salvador Cienfuegos – no hay progresividad, ni gradualidad, ni mucho menos eventualidad”.

 

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