Día Internacional de la Protección de Datos Personales

No será aventurado afirmar que más de 100 millones de mexicanos no se han enterado que recientemente sus garantías individuales se han ampliado mediante las reformas a los artículos 6º y 16 de la Constitución para garantizarles expresamente el derecho que tienen a la protección de sus datos personales.

Tampoco lo sería sostener que no a todos de los otros 16 o 18 millones de nacionales estos derechos humanos de última generación les representan una prioridad; y que sólo a un grupo notoriamente reducido de personas de nuestra sociedad le resulta de necesaria y conveniente protección personal.

Entre ellos (y no sólo) habrá que incluir a los 155 mil millonarios (en dólares) que tenemos en México, según acreditadas fuentes norteamericanas (que todo lo saben); y a otros secuestrables por motivos de rescate, que tampoco son todos.

Por supuesto que en esta sociedad nacional tan terriblemente discriminatoria, habrá también otras personas que deberán hacer legítimo uso de esta garantía para que permanezcan en la discreción sus expedientes médicos, sus definiciones políticas, creencias religiosas o filosóficas, preferencias sexuales, pertenencias étnicas, estado civil o cualquier otra particularidad.

Será a estos grupos de personas a las que les sea conveniente tomar nota de estas novedades jurídicas, de la estirpe del secreto bancario, y de sus complejidades operativas.

No deja de ser interesante que las funciones públicas relacionadas con el ejercicio de este derecho personal hayan sido encomendadas a las instituciones federal y estatales encargadas de garantizar y cumplimentar el derecho ciudadano de acceso a la información pública; que deben actuar regidas por el principio de máxima transparencia y con sólo dos salvedades expresas: la información reservada (pública) y la confidencial (privada).

Son dos funciones que, aunque de ninguna manera resultan incompatibles, sí van en sentido contrario. Por ello, su ejercicio deberá ser cuidadosamente equilibrado.

Es de temerse que el entusiasmo por cumplir cabalmente con la protección de los datos personales de todos, incluidos los de los servidores públicos, vaya a representar una disminución del compromiso por la máxima transparencia en el ejercicio del poder público encomendado por los ciudadanos a esos servidores.

O todavía peor: que el empeño público por la protección de los datos personales, ahora de gran “moda” internacional, sirva de pretexto para iniciar un reflujo de opacidad; de lo que ya hay claros indicios tanto en el nivel parlamentario (y ejecutivo y judicial) federal como en el estatal.

Este pasado martes 28 de enero, con ocasión del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI (que en el título incorpora la doble función pública) y el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, ITEI, llevaron a cabo en Guadalajara un foro de análisis del tema, de gran contenido profesional.

En el evento, además de subrayar las reformas constitucionales para garantizar estos derechos personales, de julio de 2007 al artículo 6º y de 2009 al artículo 16, se informó sobre la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Por cierto que Alfonso Oñate Laborde, secretario de Protección de Datos del IFAI, hizo saber que, dentro de sus funciones, ha sido necesario sancionar a bancos y aseguradoras por haber difundido datos personales de los usuarios de sus servicios sin la debida autorización de ellos.

Importante hacer notar que toda esta renovación constitucional  en México tiene su origen inmediato en diversos instrumentos internacionales asumidos por nuestro país desde el denominado Convenio 108 de 1981 en Estrasburgo, en la Alsacia francesa, que es como la segunda capital de la Unión Europea después de Bruselas.

Tampoco sobra especular que esta concreción jurídica, como corriente internacional, surge necesariamente ante la sensación de vulnerabilidad que sienten las personas de la sociedad moderna neoliberal ante los crecientes delitos organizados y sofisticados de cuello blanco, tramados por individuos y grupos muchas veces vinculados o cercanos al poder público y siempre relacionados con el poder financiero global.

Claro que, ante las revelaciones de Edward Snowden que dejan achicadas las predicciones de 1984 sobre el Big Brother de George Orwell (repetidamente mencionado en el foro de Guadalajara) queda con pesimismo en entredicho la eficacia de tales previsiones jurídicas.

Ahora que estamos conmemorando post mortem la Constitución de 1917, nos alegra que algunos mexicanos podamos contar con esta novedosa garantía individual.

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