Los Derechos al día (I)

Los derechos humanos son perennes. Durarán lo que la humanidad misma. Pero los tiempos cambian y también las circunstancias. Ya somos 7,000 millones en el planeta y el género humano sigue creciendo. Los derechos de cada uno no tienen más límite que el respeto a los derechos de los demás.

La tierra se vuelve cada día más estrecha. El derecho de fumar puede competir en espacios con los no fumadores. El derecho indiscutible de manifestación de unos podría entrar en cuestión frente al derecho de circulación de otros, que quieran precisamente pasar por donde están los plantados. Hay incluso quien defiende el derecho constitucional de los automóviles. Pero el derecho a la calle es el último reducto de la democracia. Es el derecho del 99 por ciento, el de quienes nos ganamos la vida con nuestro esfuerzo personal. Aunque no falta quien vea el plantón como un ejercicio rijoso, como ocurrió con la campaña mediática en 2006.

Ya vemos cómo el derecho a circular está requiriendo de crecientes reglamentaciones, vigilancias y sanciones. En América, salvo en Belice, no está permitido circular por la izquierda. A riesgo de que nos recuerden el viejo chiste del borrachito que circulaba en sentido contrario en el periférico.

También en la economía se requieren semáforos. Hasta en Davos están los magnates reclamando mayor reglamentación pública. También la libre competencia se puede corromper y afectar derechos ajenos. Hay que parar monopolios y camiones de doble remolque. Libre tránsito, ma non tropo.

Está ahora de moda la gobernanza: vieja palabra castellana con nuevos contenidos. Algunos de sus expositores consideran necesario que el poder público gobierne con colectivos, no con personas individuales. De ahí resbalan: también quieren que los diversos grupos de la sociedad sean ponderados por su distinto peso específico. Nuevo corporativismo. Lo más opuesto al ideal democrático de la igualdad del voto.

En una sociedad nacional como la nuestra, donde todavía media nación permanece excluida de los derechos elementales, resulta ineludible una mirada retrospectiva para observar la larga lucha, desde la insurgencia misma, en pos de obtener todos los derechos para todos. Porque el pasado sigue muy presente en nuestro presente.

Todavía hoy, casi como reliquia, el artículo 2 de la Constitución, dice textualmente: “Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este sólo hecho, su libertad y la protección de las leyes”.

Podríamos decir que ya resulta arcaico; pero más nos vale ser precavidos ante nuevas formas, y antiguas renovadas, de esclavitud, como la trata y prostitución forzada de mujeres, el matrimonio concertado de menores, el tráfico de migrantes. No estaría de más echar un ojo aquí mismo en la ZMG, con los trabajadores de la industria electrónica en el Periférico Norte.

El primer decreto de Miguel Hidalgo en Guadalajara todavía requiere cumplimiento cabal. Hay que referirse inevitablemente al otro gran insurgente: José María Morelos. En el punto 12 de los Sentimientos de la Nación reclama que “de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”. Como todo mundo puede ver, el Poder Ejecutivo todavía no entiende, con la lucidez con la que lo vio Morelos, la directa relación causal (de causa y efecto) que existe entre la explotación laboral y la descomposición social y la delincuencia generalizada, que hoy nos ahogan en pleno siglo XXI: más de 40,000 muertos para defender la salud.

El salario mínimo, fijado desde el poder público, representa hoy menos del 24 por ciento del poder adquisitivo que tenía en 1976. Desde 1917 dice el  Texto Rector: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

Está también reiterado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

Ahora, hasta la educación pública gratuita, elemental derecho de la niñez, resulta insoportablemente cara para más de la mitad de los padres de familia. Ahí está una de las raíces de la deserción escolar, del abandono juvenil y el caldo de cultivo para las adicciones y la delincuencia. Aun en términos presupuestales es una aberración. Como ha reiterado un activista político, “sale más barato tener a un joven estudiando en la preparatoria o en la universidad que tenerlo en la cárcel”.

 

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