Corrupción es privatización de lo público

Naturalmente, para cada corrupto hay necesariamente un corruptor…  la corrupción está más cerca de la lógica empresarial privada que de la lógica del servicio público.

Desde lo más cercano al imaginario popular: la mordida a un agente de tránsito por un conductor incumplido que viola alguno de los reglamentos viales, y hasta la gran, gran corrupción vincula a concesiones de función pública transferida a empresas privadas que prosperan a la sombra del poder político: el gran común denominador es siempre la apropiación de un bien público por parte de algún privado.

En el caso de la clásica mordida (simplificación administrativa le llama la picaresca popular) la apropiación particular es compartida: el monto del pago de la infracción cometida que debería llegar a las arcas municipales, se distribuye, según negociación rápida y ágil, entre el bolsillo del agente y el del conductor irresponsable.

En el caso del ya célebre diezmo por obra pública concedida a empresa particular, la corrupción concertada entre corruptor y corrupto representa dejar de realizar un 10 por ciento de la obra pública en beneficio de la sociedad; o sea que el rezago en detrimento del bienestar colectivo representa el 11 por ciento de la obra pública realmente ejecutada.

Ese monto de dinero público, recaudado con la participación de todos los contribuyentes, pasa a la apropiación de un servidor público corrupto que  acapara lo que es de todos.

Naturalmente, para cada corrupto hay necesariamente un corruptor. Puede ocurrir que la iniciativa parta de quien condiciona el otorgamiento del contrato de una obra o servicio público a un particular; o puede igualmente suceder que algún aspirante a ser concesionario, consciente de que su oferta no es la más conveniente, económicamente y de mejor calidad en términos públicos, decida superar la competencia por la vía corrupta y corruptora y ofrezca la coima, o moche,  a quien toma la decisión pública de la asignación. Hay otras formas más complejas. Pemex tendría un catálogo entero. La CFE no se queda atrás.

Lo que sí es claro es que, por definición, la razón de ser de una empresa privada es la obtención de utilidades. Para eso está. Una empresa privada es exitosa en la misma medida de las utilidades que logra, sea por la vía de reducir costos de lo que produce y ofrece, o sea por el aumento de las ventas y de los márgenes de ganancia de cada unidad puesta al mercado.

En ese sentido, la corrupción está más cerca de la lógica empresarial privada que de la lógica del servicio público. La CFE por ejemplo, nació para la función pública de electrificar toda la geografía nacional, no para ser “empresa de clase mundial”.

Evidentemente ahí entra la miopía de corto plazo individualista, o la visión amplia del beneficio colectivo, que incluye la mejora de todas las empresas en su conjunto cuando mejora el mercado en su extensión. Es el criterio expreso de la Fundación Konrad Adenauer: “Economía  de Mercado con Responsabilidad Social”.

Todo tiene que ver con la masa salarial y su relación con la apropiación capitalista. El motor de la economía es la demanda. Desde el inicio de la misma humanidad, fue la demanda de cualquier bien la que impulsó al ser humano a producirlo.

En la concepción clásica se suele poner a la inversión como el inicio de la producción. Pero nadie invierte a lo tonto si no hay quien demande lo que intenta producir y ofrecer. Si lo hace, se llenará de almacenamientos y acabará quebrando.

Porque para que haya demanda, tiene que haber ingreso familiar y circulante. En la biología humana misma: primero son los derechos y después los deberes, primero es la nutrición y la capacitación y después la productividad.

La excesiva acumulación de capital sin la adecuada remuneración al factor trabajo es lo que llevó al mundo entero a la Gran Depresión de 1929, y a la actual.

Datos duros: el reconocido econometrista David Márquez Ayala, de Unité, Unidad Técnica de Economía, con datos oficiales de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos e INEGI, ha documentado a centavos que  el poder adquisitivo del salario mínimo en los últimos 10 años equivale escasamente a un 26 por ciento de lo que podía adquirirse con el salario mínimo de 1976. Se ha reducido absurdamente el mercado.

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos órgano de teórica decisión tripartita: gobierno, empresarios y trabajadores, viola desde entonces la disposición constitucional. No sólo es un órgano inútil, sino corrupto, malgastando en salarios insultantes el dinero público.

El salario mínimo actual es el verdadero crimen organizado.

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