El Congreso Popular y la verdadera soberanía

La fecha, evidentemente, no fue casual: El 5 de febrero, exactamente tres años antes de cumplirse el centenario  de la Constitución que todavía nos debería regir de acuerdo con la mayoría ciudadana, o sea soberana. Ese proyecto nacional inconcluso y que debe completarse cuando la República haya incluido en su convivencia pacífica, armónica y justa a todos los hombres, mujeres y comunidades que integramos la nación mexicana.

Falta por hacer la mitad de la tarea y los señores que dicen que nos representan porque fueron electos por nuestra soberanía, están ahora empeñados (o comprometidos) en cambiar de raíz el proyecto nacional por uno de globalidad subalterna; y lo quieren hacer con la muy dudosa investidura de Constituyente Permanente. Cuando ni siquiera cuentan con el respaldo soberano de una campaña con una plataforma electoral expresa sobre los cambios radicales que acaban de formalizar con toda clase de atropellos de procedimiento.

Se deberá reconocer que tuvo razón Emilio Chuayffet cuando, precisamente en la conmemoración del mismo 97 aniversario en Querétaro, dijo que la Carta es modificable “pues nada hay eterno en política”. Pero igualmente hay que insistir en que el ciclo de 1917 de ninguna manera está concluido mientras la Nación tenga 52 millones de marginados.

 “A mí que me pregunten” es el clamor popular: el de los soberanos. Bien lo dijo el general Gallardo ante los más de 2 mil asistentes acreditados en el Congreso Popular: “me presento ante ésta, que es la verdadera soberanía”.

Nadie llegó en representación de nadie. Aunque alguno de los asistentes pudo haber dicho que llegaba con el respaldo de más de 748 mil votos jaliscienses emitidos en julio del 2012 en favor de ese proyecto nacional inconcluso, cuyo cumplimiento cabal sigue siendo aspiración cívica de 16 millones de mexicanos soberanos y conscientes.

Ese Congreso Popular, con la participación de mexicanos de las 32 entidades federativas del país, tomó una resolución de “verdadera soberanía”: aprobó un decreto por el que se derogó la reforma energética entreguista promulgada el 20 de diciembre de 2013.

Una vez más viene a la mente aquel artículo 4 de la Constitución de Apatzingán de 1814  (abuelo del actual artículo 39) que, bajo la égida de José María Morelos, sentó los cimientos del único proyecto válido de Nación, que hoy los titulares de los tres poderes republicanos están desmantelando, contra la voluntad mayoritaria de la soberanía popular, a la que  le quieren obstruir hasta el derecho de ser consultada.

Dice el artículo 4 que “los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad, tienen derecho incontestable a establecer el gobierno que más les convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente, cuando su felicidad lo requiera”.

Así, en el ejercicio de ese derecho incontestable de revocar un dudoso (para no decir espurio por comprado) mandato popular, los integrantes voluntarios de este Congreso Popular tomaron la soberana determinación de derogar una grave disposición antinacional.

Por cierto que el artículo 9 de la misma Carta fundacional de Apatzingán dice textualmente: “Ninguna Nación tiene derecho para impedir a otra el uso libre de su soberanía”. Resulta útil citarlo porque no le toca a la nuestra comprometerse a garantizar la seguridad energética de otros; y el hacerlo no es más que un despreciable acto de entreguismo.

Murieron y pasaron gloriosamente a la historia José María Morelos, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, y nos fueron legando el proyecto de Nación incluyente  y republicana; libertaria, igualitaria y fraterna. Siguen otros líderes tomando la estafeta con patriotismo. Podrán pasar honrosamente. Lo sustantivo es la esencia de la Nación que desde el poder político y económico hoy se está traicionando.

Destacadas figuras de la soberanía popular, la de base, como Miguel Concha, Elena Poniatowska, Alejandro Salalinde, Julio Hernández López, Raúl Vera, Héctor Díaz Polanco, Paco Ignacio Taibo, John Ackerman, Irma Eréndira Sandoval, Sanjuana Martínez, Enrique Dusserl, Lydia Cacho, Virgilio Caballero, Javier Sicilia, Jesusa y Gabriela Rodríguez y otros líderes sociales convocaron a este Congreso donde, según las bases, cada quien llegó por sus medios y por su decisión.

Ahora los participantes de otras entidades se proponen replicar la convocatoria nacional a la unidad de ciudadanos, que naturalmente no puede incluir a quienes claudicaron y traicionaron.

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