Concepto decimonónico del uso de la fuerza

Cuando sólo los propietarios eran ciudadanos. Cuando el voto era indirecto hasta en tercer grado. Cuando las mujeres no podían votar; mucho menos los indios (o sea los poseedores originarios de esta tierra). Cuando predominaba el concepto comtiano, positivista de orden y progreso (para la reducida minoría), como en el porfiriato. República de hacendados y escribanos; y de militares (o cualquier combinación de los tres).

Dice amenazador, y muy educado, EPN: “yo aspiro y espero que no sea el caso de lo que el gobierno deba hacer, que no lleguemos a este extremo de tener que usar la fuerza pública. Queremos convocar al orden, a la paz”. Convoca al orden. Se necesita.

“Lo que el gobierno deba hacer” es muy claro. Lo primero, primero, es respetar los derechos de todas las personas en México: reducir la espantosa mortalidad infantil, ofrecer escolaridad a todos, empezando por los marginados y desprotegidos y sobre la base de los elementos materiales: escuelas equipadas con iguales elementos para todos, internados con camas. Garantizar la nutrición y el cuidado de la salud. Lo más impactante socialmente: garantizar la adecuada remuneración de todo el trabajo humano. Todo está en el texto constitucional.

Deje, ciudadano Peña, el uso de la fuerza pública para los delincuentes. Sólo para ellos. No para los inconformes con el mal uso del mandato recibido. La raya está perfectamente clara. Crece la sospecha, casi certeza, popular sobre el origen de los grupos vandálicos. Esos son los que deben ser sometidos al uso de la fuerza pública: en el momento y en el lugar. Ahí y entonces. No media hora después y a 10 cuadras de distancia, arrebatando meseras y fotógrafos.

Convoca a “no hacer de este momento de dolor por el que pasan los padres de familia una bandera de otras causas, una bandera que concite a la violencia y al desorden”.

Por favor: nadie, nadie, y menos los padres y allegados a los jóvenes normalistas, ha concitado a la violencia y al desorden. El desorden está en un gobierno que no puede con el crimen organizado, que no ha podido cuidar sus fronteras. La institución responsable de la defensa nacional y del cuidado de nuestras fronteras nacionales (ésa es su primordial obligación) no ha sido capaz de impedir el ingreso por ellas de cientos de miles de armas de alto poder, reservadas legalmente a su uso, que ahora están en manos del crimen organizado, que con ellas se enfrenta a la institución.

Por ahí han entrado el desgobierno y los daños a la soberanía, corroyéndola por dentro.

 Ahora bien, el Ejército Mexicano es institucional. Como ha dejado claro el Procurador General de la República, el Ejército actúa sólo por órdenes. Las órdenes institucionales las imparte el Titular del Poder Ejecutivo, que es su comandante. Eran las fronteras nacionales las que había que cuidar. Eran las instalaciones estratégicas, y específicamente las petroleras, las que había que vigilar y proteger. Su abandono corresponde al comandante.

Un poder público que no ha podido impedir que se le cuele el crimen en sus filas hasta llegar a la atrocidad de Ayotzinapa después de muchos horrores más.

Lo que han reclamado los padres y allegados de los normalistas víctimas de las fuerzas públicas es precisamente la oportunidad para sus jóvenes: que las normales rurales cuenten con los elementos necesarios, no más y  no menos.

Combatan las fosas anónimas con cientos de homicidios impunes por toda la geografía del país. No el desorden sin delito. Cuiden las vidas de los seres humanos. No los escaparates mercantiles. Una sola vida humana vale más que una puerta del Palacio Nacional.

Esas son las “otras causas” que reclamamos los mexicanos conscientes: todas están plasmadas en el Texto Nacional. El mismo que se viola a diario desde el poder público, desde el gobierno. Ese es el estado de derecho que queremos, que exigimos que se respete, se cumpla y se practique, si hace falta hasta con el uso de la fuerza pública.

No nos hagan escaramuzas teatrales, escandalosas, cirqueras, con las que quieran justificar el uso represivo de la fuerza pública contra quienes se inconforman con este de estado de cosas donde sistemáticamente se atropellan los derechos elementales de la población pacífica que reclama como lo hace el poeta Javier Sicilia: “estamos hasta la madre”.

Por favor, no cometan la torpeza de escalar cuando estamos al borde técnico de un golpe de estado, con muchas características coincidentes: activistas defensores de sus colectivos que han sido asesinados, desaparecidos o encarcelados por el propio “estado de derecho” y sus agentes.

 

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