Acuerdos en Vancouver

Todo un acontecimiento de trascendencia nacional (publicado en páginas interiores) y todo un aviso político. Un líder sindical real, más allá de lo que haya sido su padre, tiene la capacidad de convocatoria de tal tamaño que logra reunir para concertaciones laborales a dirigentes de empresas mineras y  siderúrgicas de tamaño internacional “en algún lugar del exilio”.

La reconstrucción de los elementos esenciales del artículo 123 de la Constitución Política Nacional, sistemáticamente demolidos durante 32 años neoliberales, se plantea de manera operativa, concertada, como marca la norma centenaria y se lleva a cabo fuera de la jurisdicción nacional.

La convocatoria la hace la parte trabajadora en Vancouver, Canadá, y hasta allá llegan, acudiendo al llamado, dirigentes empresariales de la importancia de Arcelor Mittal, Gold Corp, Bombardier, Compañía Minera Autlán (la que se llevó el manganeso de Jalisco por el puerto de Manzanillo en la década de 1960), Argentum, Panamericana de Aceros, Compañía Occidental Mexicana, Fertinal, EndeavourSilver, FirtsMajestic, Mexichem, ASFK, además de otras que tienen establecido contrato colectivo con el sindicato minero.

La nota de la redacción del diario La Jornada no menciona la asistencia de la empresa de Germán Larrea, lo que al parecer no impidió el logro de acuerdos benéficos para ambas partes: tanto la empresarial como la trabajadora.

En cambio, también asistieron a Vancouver representantes patronales de otras mineras como San Francisco del Oro, Gleason, La Negra, El Cubo, Bacis, CapstonMining.

No se oculta a esta columna que el planeta entero está entrando a una nueva fase de acumulación capitalista que se caracteriza por el acopio global y extraterritorial de recursos minerales.

Conviene recordar aquí que el inconcluso proyecto nacional de inclusión republicana de hace 100 años, consideraba el artículo 123 como una de las cuatro “columnas” de la regeneración nacional (junto con el 3ro, el 27 y el 130).

Siempre los constituyentes de hace 100 años tuvieron clara la utilidad social de la economía de mercado en la base de la producción y del comercio. Como también decidieron que “la Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”.

Por ello, fue México el primer país que incluyó los derechos laborales en su Carta rectora;  y lo hizo con el carácter expresamente tutelar para la parte trabajadora.

Entre otros elementos: la jornada máxima, la reglamentación del trabajo de los menores y mujeres, el salario mínimo suficiente para las necesidades de un jefe de familia, el salario igual para el trabajo igual, la participación de utilidades generadas en conjunto, el pago en moneda curso legal, el pago de horas extraordinarias, el derecho a la vivienda higiénica, la capacitación y el adiestramiento para mejorar la productividad, la protección contra los accidentes de trabajo, la higiene laboral, la seguridad social, el descanso semanal y las vacaciones.

También, y como garantía de todos los derechos anteriores, el texto dicta el de asociación sindical sin interferencias del gobierno o de las empresas, el derecho de huelga y la protección contra el despido injustificado.

De ahí la importancia, la trascendencia (y la capacidad de ejemplo) de la reunión de Vancouver entre las dos partes interesadas en que haya productividad y utilidades que compartir.

En tiempos aciagos como los de hoy, cuando  quienes reclaman derechos a nombre y voz de sus colectivos respectivos agraviados (que son muchos), aparecen (o desaparecen) asesinados impunemente por toda la geografía nacional; cuando llevamos más de 30 años viendo cómo se desmantelan desde el poder económico-político los derechos de las personas que trabajan (o sea la gran mayoría), no podemos sino prestar atención a lo sucedido en Vancouver.

Resulta obligado hacer una somera mención a Lázaro Cárdenas. En la puntual respuesta presentada  a los reclamos de la Confederación de Cámaras de Comercio el 14 de marzo de 1936, les aclara: “El concepto moderno de la función del Estado y la naturaleza misma de la legislación del trabajo en amplitud universal requieren que los casos de duda sean resueltos en interés de la parte más débil. Otorgar tratamiento igual a dos partes desiguales, no es impartir justicia ni obrar con equidad. La legislación sobre el trabajo, como es sabido tiene en todos los países un carácter tutelar respecto de los trabajadores, porque tiende a reforzar la debilidad de éstos frente a la fuerza de la clase patronal, para acercarse lo más posible a soluciones de justicia efectiva”.

P.D. Las descalificaciones personales que puedan surgir, en nada invalidan la importancia del hecho social.

 

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