Verdad Amarga

El Vengador anónimo: del crimen a la justicia social

Desde que Luís Echeverría Álvarez como presidente mandó cerrar todas las armerías del país ya se vislumbraba algo bastante evidente: el miedo a que los ciudadanos pudieran protegerse lo mismo de los criminales que de las autoridades corruptas, o incluso—algo peor desde la óptica del establishment—que el ciudadano promedio pudiera exigir cabal cumplimiento y rendición de cuentas al poder en turno, o quizá hasta pedir su dimisión, a punta de pistola.

Esta medida precautoria y demagógica por parte del mismo no fue ninguna novedad tampoco: basta recordar el famoso “trueque” de fusiles por arado impuesto por Lázaro Cárdenas en los treintas; sin duda alguna, para evitar que el campesino exigiera cabal cumplimiento de los principios de “Tierra y Libertad” que se supone justificaban la Revolución Mexicana, o para evitar que los mismos se levantaran en armas ante el fraude institucionalizado como “reparto agrario” en que terminó convertido no en propietario de su parcela sino en proletario (esclavo) del sistema político, a cambio del voto corporativo por miedo o hambre.

Sin embargo, en México, la delgada línea entre el crimen y la justicia social se difumina cada vez más desde que se detonaron los asaltos y violaciones en autobuses de línea y transporte público a principios de este año, con un incremento de 30% en el 2016.

Como ejemplo reciente trascendió la muerte de 4 asaltantes que tras robar y golpear a los pasajeros de un camión de ruta fueron abatidos con una 9mm por un “Vengador anónimo”.

Aún y cuando las víctimas del asalto revelaron que el “pasajero justiciero” fue sometido y golpeado por los sujetos, de ser detenido (pues las autoridades lo buscan con gran despliegue de seguridad) sería imputado por homicidio múltiple con 60 años por cada homicidio y condenado a 240 años de cárcel aún y cuando los asaltantes estaban implicados en  más de 30 robos.

El monopolio de la violencia por parte del Estado se justifica en tanto el mismo cumpla con la salvaguarda de la seguridad y la vida de sus gobernados. Sin embargo, en nuestro país, el Estado no solo no ha cumplido con este rol tutelar: se ha visto rebasado y, lo que es peor, más concentrado en reprimir al ciudadano que ejerce su derecho a la legítima defensa, protegiendo y privilegiando a los criminales por encima de las víctimas. 


enrique.sada@hotmail.com