Verdad Amarga

De la Ley Anticorrupción y su naufragio

Como una de tantas promesas —pues prometer no empobrece— que sonaron por parte del presidente Enrique Peña Nieto estuvo la creación de un plan anticorrupción y la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción.

Sin embargo, tras la creación de la llamada Fiscalía Anticorrupción, tanto en sus funciones como por quienes la presiden e integran (sin mencionar los magros resultados arrojados en lo que fue su bautismo de fuego) queda claro que esta institución seguirá dejando mucho que desear por lo que respecta al objetivo que llevó a su instauración.

Aún y cuando el PAN como el PRD celebraron al principio la iniciativa del presidente, manifestaron su inconformidad al notar que dicho organismo carecía de la autonomía tanto como de facultades jurídicas para impartir justicia a cabalidad.

La pugna por parte de estas dos fuerzas políticas vino a centrarse desde entonces en la necesidad de que esta nueva dependencia de gobierno no sólo atienda alertas de corrupción, sino que cuente con un amplio poder jurídico que le brinde autonomía y capacidad de procesar los delitos tanto entre funcionarios como entre representantes públicos.

Y es que para nadie es un secreto el hecho de que nuestro país se distinga precisamente, lo mismo entre sus propios ciudadanos como ante el extranjero, como uno de los estados-nacionales con un acendrado porcentaje de corrupción histórica, misma que como uso y costumbre, ha venido no solo a degenerar en una cultura de la corrupción en lo particular: también se ha convertido en una ley no escrita pero asimilada por parte de la sociedad misma que la padece y la tolera

No obstante, aún y cuando el PAN y el PRD apoyan la denominada Ley 3 de 3, una iniciativa ciudadana que obligaría a los funcionarios públicos a presentar su declaración patrimonial de impuestos e interese, no extraña que menos de la mitad de los legisladores federales haya cumplido con transparentar dicha información, destacando por su omisión los presidentes de las comisiones dictaminadoras de las nuevas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción como el perredista Alejandro Encinas, que encabeza la de Estudios Legislativos; el panista Fernando Yunes, a cargo de Justicia y Pablo Escudero del PVEM, quien preside la comisión de Anticorrupción.

Y en este caso se explica por sí solo el temor que manifestaba Manlio Fabio Beltrones desde el Senado de la República al oponerse  a una ley anticorrupción “para no desatar una cacería de brujas”; temor tanto más justificable cuando se preside la bancada de un partido, sabiendo quienes la integran.


enrique.sada@hotmail.com