Verdad Amarga

Faena legislativa III

Retomando el camino a la hora de abordar a este universo de vertebrados que con su presencia conforman uno de los poderes de la Unión, a la par que nos brindan con estampas dignas de las páginas del National Geographic, tenemos la fortuna de reencontrarnos con nuestros diputados después de haber tomado parte en uno de los momentos más controversiales dentro de este incipiente sexenio: el de la aprobación de las llamadas reformas que el titular del Ejecutivo intentó promover como benéficas y hasta necesarias para el futuro de México y su consolidación como país de avanzada en el escenario  global.
Nadie discute esto último, y a todos nos queda claro que en aras de asegurarnos ya no la permanencia como un estado dentro del concierto de naciones, sino la supervivencia propia como país, es que nos estamos jugando el futuro desde el presente.
Esta situación por si sola bastaría para movilizar al gobierno y a la sociedad en general en torno a un mismo eje donde se sumen los esfuerzos de todos con miras al bien común, como se pretendía con el finado Pacto por México. Sin embargo, a la hora de sentarse sobre la mesa de negociaciones, tal parece que la partidocracia y el presidente de la República no logran  ponerse de acuerdo en lo que quieren, o peor aún: ni siquiera tienen idea de lo que los tiempos exigen simple y sencillamente porque la realidad misma nos lo impone, siguiendo un orden natural que por mucho ya nos rebasó.
Claro ejemplo de lo anterior lo presenciamos hace más de una semana cuando por mayoría se aprobó la menos inteligente de las reformas propuestas, como lo es la denominada “reforma fiscal”.
Esta reforma, eminentemente recaudatoria, resultaba en su origen de lo más autolesiva para todos los mexicanos pues pretendía gravar el derecho a la educación con impuestos sobre colegiaturas, atentaba directamente contra la industria de la construcción—que se encuentra prácticamente estancada en nuestro país—y que, además no dejar ni siquiera en claro cuál sería el rubro específico de desarrollo a donde sería destinada dicha recaudación, nos hace suponer que la misma terminará dilapidándose en un 80 por ciento, como se ha venido haciendo, tan solo en gasto corriente del gobierno; es decir, en pagarle sueldos y jugosas primas a la burocracia en sus tres niveles.
De aquí que la consecuente generación de mayor pobreza, menos fuentes de trabajo e inversión vaya íntimamente ligada con las espontáneas muestras de repudio y reclamación pública que los ciudadanos han realizado en contra de quienes nos han defraudado a todos en nuestra representación, porque nunca se han impuesto a cumplir con el más elemental entre sus deberes: rendirnos cuentas.



enrique.sada@hotmail.com