Verdad Amarga

Asalto en despoblado

Si ejemplos claros de latrocinio y fraude durante el sexenio anterior como la tristemente célebre “Estela del Bicentenario” (que solo obstruye la vista al Castillo de Chapultepec desde el Paseo de la Reforma) o la destrucción al interior del Palacio de Bellas Artes no fueran suficientes, estos parecen no agotarse en la medida en que uno escarba. Y en este mismo tenor, si la responsabilidad de José Manuel Villalpando respecto a la convocatoria y construcción del adefesio con que se pretendió celebrar “200 años de Independencia” no basta para abrirle un expediente, la actitud criminal por parte del mismo sí queda de manifiesto; ya no como un incidente aislado sino como una constante, como veremos a continuación. La víctima en este caso no será una dependencia federal, con cuyo costo cargamos a cuestas, sino de una personalidad como lo es nada menos que Rosa María Porrúa: heredera de un legado histórico-cultural vinculado por tradición familiar y buen oficio con una de las casas editoras de mayor arraigo en el país.

Aprovechándose de su cargo, Villalpando sostuvo acercamiento con la editora, previamente a que se consolidara la Comisión de Festejos del Bicentenario, solicitándole a la misma “como boleto de entrada” nada menos que la entrega de 1000 ejemplares facsimilares de Sentimientos de la Nación, documento atribuido al insurgente Morelos, controversial personaje y santón de la Historia Oficial, al que el anterior presidente rendía pública veneración. Como era de esperarse, la solicitud fue hecha “en nombre del presidente Felipe Calderón”, razón por la que Rosa María Porrúa Ediciones se dio a la tarea de elaborar y hacer formal entrega de dichos ejemplares en las oficinas de Villalpando. Sin embargo, una vez formalizada la entrega, el entonces director del INHERM dejó de tomar las llamadas correspondientes y empezó a evadirse lo mismo por comunicación escrita. Dos años después de una serie de largas, Rosa María Porrúa interpuso una queja formal ante la Presidencia de la República, abriéndose un expediente para la revisión del mismo ante el Órgano de Control Interno de la Secretaría de Gobernación. Al poco tiempo, recibió una llamada desde Los Pinos donde se le solicitaba como afectada entrevistarse con Villalpando para arreglar la situación. Una vez entrevistada con el mismo, este hizo gala de mostrarle todo el expediente en un cajón mientras alardeaba, en son de burla, que nada podría hacer en su contra por una sencilla razón: ser íntimo amigo de Calderón, desde que eran niños. Con lo anterior quedó consumado un robo—desde una oficina de gobierno—como si fuera un asalto en despoblado, hasta la fecha impune, en complicidad con el ex presidente de la República y otros miembros de su oficina. Si lo anterior se presenta como una muestra de lo que personajes poco escrupulosos pueden hacer bajo el amparo de las instituciones públicas, sería deseable que en la presente administración se abriera el caso y se sentara un precedente en materia de Justicia ante una situación que amenaza con perpetuarse (al igual que en el caso de Bellas Artes) como otro agravio colectivo, desde el poder en turno, y lo que es peor: ante la vista de todos.

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