La Ley Antiderroche

Hoy se cumple un año del gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz. El pasado miércoles, Mural dio cuenta del descenso de aprobación de los jaliscienses de 11 puntos y el incremento reprobatorio de 14 puntos a su gestión en el último semestre. Los encuestados atribuyeron el sentido de su opinión principalmente, a su incumplimiento de no aumentar el precio del trasporte público, de mejorar la seguridad y el excesivo gasto en imagen.

 Otro tema a flor de piel de la gente, es que el ejecutivo en lugar de gobernar de forma austera y racional, hace lo contrario. En el 2013, tenía presupuestado en Difusión y Medios, 43 millones 222 mil pesos y terminó ejerciendo 269 millones 793 mil pesos, esto es, 524% más, en Otros Servicios de Información, dígase asesorías, consultorías, contemplaba 1 millón 311 mil pesos y se ejercieron 4 millones 511 mil pesos, el 244% adicional.

 El tema de la nómina es alarmante, para este año, es el único rubro de gasto que aumenta, pasa de 28 mil 700 mdp a 30 mil 900 mdp, el 7.6%. Además, es fama pública, el dispendio de la alta burocracia en telefonía celular, gastos de representación, viáticos, vehículos de lujo, oficinas ostentosas, que hacen en conjunto una parafernalia muy gravosa para el erario, al grado de que para este año, el Gasto corriente será de 81 mil 641 mdp, el 92.46% del presupuesto.

 A contracorriente todo el Gasto en Inversión pública, es de solo 7.5%, muy distante de Sonora, que alcanza el 14.89% e inferior a Zacatecas. Es obvio que con esa exigua partida será imposible revertir el rezago de 20 años en infraestructura hídrica y de movilidad, de 14 mil aulas en educación básica, la falta de cobertura de los servicios de salud, y el combate a la pobreza que agobia a más de 3.5 millones de jaliscienses.

 Aristóteles inicia hoy el segundo año de su gestión, está a tiempo de ser sensible y atender lo que opinan de él los gobernados, de rectificar y de reorientar políticas públicas, entre ellas, el ejercicio del gasto. Por ello, y como parte que es, del proceso legislativo, podría y debería contribuir a materializar la Ley Antiderroche, que hace cuatro días presentaron los diputados del G10, que fijaría con su aprobación, criterios de austeridad, racionalidad y optimización del gasto público, para dejar de gastar en lo superfluo y fortalecer la capacidad de inversión pública del Estado.