El Ejército y la Constitución

Una de las instituciones vitales en nuestra vida pública, es indiscutiblemente el Ejército, que surgió del pueblo en 1913 en su lucha en contra de la dictadura y que actualmente está festejando cien años de existencia. Luego de su nacimiento, el Constituyente de 1917, le otorgó un marco jurídico subordinándolo al poder civil.

Sólo el jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza y algunos diputados que prohijaron nuestra Ley fundamental, podrían responder el porqué en lugar de integrar en un solo título (existió ese proyecto) todas las disposiciones en torno a las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Marina) las diseminaron en 58 disposiciones, en 27 artículos constitucionales lo que a menudo genera confusiones y contradicciones en la comprensión e interpretación de las mismas.

Estas reflexiones vienen al canto, por que hace días, el Srio. de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos, pidió reformar la Constitución para que se otorgue al Ejército facultades de investigar y denunciar delitos y poder hacer más efectiva su lucha contra la delincuencia organizada. La petición del mando castrense no es nueva, Calderón que acentuó la fuerzas militares en el combate al narcotráfico, presentó en su momento una iniciativa de Ley que daba a ellas facultades violatorias de las garantías y los derechos humanos.

Actualmente la investigación de los delitos está a cargo de autoridades civiles, el Ministerio Público y de la policía bajo el mando de aquel. El Constituyente de 1917 en el que había no pocos generales, le concedió otras tareas al Ejército; la defensa de la soberanía, del territorio nacional y la seguridad interior, que es diferente a la seguridad pública. Y estableció en el art. 129, que en época de paz, la autoridad militar sólo puede ejercer funciones conectadas a la disciplina castrense.

Creo que la petición del titular de la SEDENA, se da por la coyuntura tan difícil de violencia por la que atraviesa el país y las tareas que los últimos presidentes le han dado al Ejército para resolverla. Sin embargo es mi convicción que las tareas de investigación y denuncias de delitos deben seguir siendo de autoridades civiles, el Estado debe mantener claramente ese carácter y mantener los limites y funciones que actualmente la Constitución les da a las Fuerzas Armadas, y así mantener nuestro régimen republicano.