Historias con zapatos

Seguridad a cuenta gotas

Diversas organizaciones sociales y la sociedad en general han manifestado que en asuntos de seguridad pública, gran parte de los gobiernos estatales y municipales de México muestran un rezago en la aplicación de políticas en seguridad y justicia acordes con la situación actual, a diferencia de las instituciones federales que sí se encuentran ejecutando planes y programas al respecto.

En algunos casos, tanto Estados como municipios, en cuestiones de seguridad pública, no cuentan con personal capacitado y conocedor del asunto y los mandos directivos son ocupados por  personas ajenas al mismo, asignadas por el “dedazo” del gobernante en turno. Se sabe que los gobiernos de las entidades han tenido que reintegrar a la federación, fondos económicos destinados exprofeso por la falta de su aplicación oportuna. Cómo no inquietarse ante una información que revela la dedicación de siete millones de jóvenes a las actividades delincuenciales en el país y que el costo generado por la violencia en México es de 1.48 billones de pesos. En una encuesta realizada por el INGI el 70.4 por ciento de los encuestados han manifestado que el desempeño de las personas encargadas de la seguridad pública y la justicia en las entidades mexicanas es poco o nada efectivo.

Siendo la inseguridad uno de los grandes problemas de México que ensombrecen todo tipo de acciones en la realización de un buen gobierno, por qué a la ejecución de medidas que puedan, sino erradicarla, sí disminuirla, se les resta prioridad, cayendo en la maraña burocrática y en los discursos de buenos propósitos de políticos más preocupados por su trayectoria personal que por atender asuntos que son neurálgicos e involucran a todos los niveles de gobierno y a la población en general.