ELDP

La responsabilidad comprometida del Estado Mexicano ante el Sistema Interamericano

El 3 de septiembre de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se pronunció finalmente respecto a la contradicción de tesis 293/2011, decisión que en apariencia fue casi por consenso (salvo el Ministro José Ramón Cossío Díaz), determinación que pudimos conocer oficialmente hasta su publicación en abril pasado después de un largo proceso de engrose.

Uno de los puntos relevantes fue la decisión que los derechos humanos de fuente internacional a partir de la reforma al artículo 1 constitucional, tienen la misma eficacia normativa que los previstos en la norma fundamental, es decir, se les reconoce el mismo rango constitucional. Sin embargo el máximo tribunal concluyó que, en el caso de que en la Constitución, exista una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que diga la Constitución y no a los derechos humanos de fuente internacional.

En el juego de los sistemas jurídicos podemos decir que en la actualidad en nuestro país, si bien la norma constitucional (N1), ordena que se apliquen los derechos humanos de tratados internacionales que provienen de un sistema jurídico externo (N2), lo cierto es que, la misma norma constitucional (N1), condiciona a que la norma internacional (N2), no confronte sus restricciones para ser aplicada a casos concretos (C). Ahí el resultado de la interpretación y la conformación actual del sistema jurídico mexicano (de suyo se trata de una cuestión de jerarquía no declarada).

Tal postura abandonó la asumida por el mismo Tribunal en la resolución emitida en la acción de inconstitucionalidad 155/2007 (resuelta el 7 de febrero del 2012 y posterior a la reforma del 10 de junio de 2011), la cual respondía a los estándares que el sistema interamericano exige a los Estados, además de ser la aplicación exacta del principio pro persona.

La Corte tenía que decidir si era contrario a la libertad de trabajo que las autoridades administrativas impusieran como sanción a los particulares la realización de trabajos a favor de la comunidad. En ese sentido la Constitución posibilita que se imponga trabajo forzoso como pena por autoridad judicial y como sanción por autoridad administrativa (artículos 5 y 21), en tanto que las normas internacionales (Convenio 29 de la OIT;  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y; Convención Americana sobre Derechos Humanos), solamente lo prevén como pena por autoridad judicial.

La Corte sostuvo que se debía aplicar la que resultara en un mayor beneficio a la persona humana en relación con la menor interferencia estatal al ejercicio de tal libertad. A juicio de la Suprema Corte, los estándares internacionales en ese caso, eran los que establecían la protección más amplia del derecho humano al trabajo, ya que restringían las posibilidades y las modalidades en las que el Estado podía interferir con tal libertad, cito a la Corte: “…la existencia de un objetivo constitucional: favorecer en todo momento la protección más amplia de los derechos humanos”.

Dado que el estándar internacional establecía una mayor protección a la persona humana que el contenido de la Constitución respecto al derecho humano a la libertad de trabajo, se determinó que sólo podrían imponerse como pena a los particulares la realización de trabajos forzados u obligatorios, mediante una condena que derive de una autoridad jurisdiccional: Si la norma internacional da un mayor estándar de protección que la norma constitucional, se aplica aquella que beneficie en una mayor proporción a la persona, en este caso la fuente internacional.

Tales ejemplos demuestran una interpretación diversa por parte de la misma Corte. Lo cierto es que bajo la óptica actual, la acción de inconstitucionalidad en cita hubiese tenido un final diferente, de tal forma que México corre el riesgo de que la interpretación vigente, esté convirtiendo a la Justicia Nacional en una futura Justicia “fallida”, dado que es factible que un derecho humano reconocido en norma internacional encuentre su restricción, no en la convención internacional, sino en la Constitución y por otro lado que el principio pro personae carezca de verdadera eficacia, nada más contrario al sistema interamericano y al verdadero espíritu del artículo 1 constitucional. Tiempo al tiempo.

Raúl Campillo Díaz