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La pena de muerte ¿un efecto disuasivo?

Ante el incremento de las tasas delictivas se ha debatido ampliamente cuál debe ser la finalidad de las penas no desde el punto de vista de derecho penal, sino en estudios con un enfoque sociológico. En 1975, por ejemplo, el Profesor Jack P. Gibbs de la Universidad de Texas en Austin publicó el libro titulado “Crime, Punishment and Deterrence”. Este libro es considerado una de las primeras investigaciones académicas para medir el impacto de las penas impuestas por la comisión de conductas delictivas. En este trabajo el Profesor Gibbs analiza si efectivamente la pena es un mecanismo inhibidor del delito por el temor a ser castigado.

También describe diversas corrientes que han tratado de responder a la pregunta de cuál debe ser el tratamiento jurídico adecuado ante la comisión del delito. Por un lado, explica que existe una corriente —la teoría clásica de la justicia— que sugiere un trato igualitario y general para los individuos que violan la ley. Ésta primera postura considera a la pena de prisión, por ejemplo, como medio efectivo para desincentivar el incremento del fenómeno delictivo.

Algunas investigaciones elaboradas en este tema han concluido que es casi imposible determinar si el castigo o la amenaza del castigo de muerte realmente constituyen efectos disuasivos en la comisión del delito. En primer lugar, porque no se puede observar o determinar directamente el conocimiento por parte del individuo de que la conducta a realizar es delictiva, pues rara vez existirá un reconocimiento expreso por parte del infractor; en segundo lugar, porque la vinculación entre las características internas para llevar a cabo un comportamiento se determina más por inferencias que por un método objetivo y, finalmente, porque los datos e información empírica existente no es del todo fiable, ya que la metodología utilizada y su interpretación varía dependiendo del enfoque adoptado en cada una de las investigaciones sobre la materia. 

¿Cuál es la trascendencia de analizar si la pena de muerte genera un efecto disuasivo? El pasado 23 de abril, tras haber agotado todos los recursos respectivos, y a pesar de posibles violaciones al debido proceso alegadas por el Gobierno mexicano a través de la Cancillería, una corte federal de Malasia —en una decisión unánime— confirmó la sentencia de muerte de tres mexicanos que fueron detenidos en 2008 por la probable comisión del delito de narcotráfico. Casos como este motivan a que se continúe la reflexión sobre cuál debe ser la política criminal adecuada para disminuir las tasas de la comisión de delitos en sociedades donde la pena de muerte todavía es considerada una opción eficaz para enfrentar la incidencia delictiva.

 México forma parte de los 81 países que han ratificado el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, según el Informe elaborado por Amnistía Internacional en abril de 2015.

Mónica Castillejos Aragón