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Una nueva cultura en el Sistema Penal Acusatorio

La reforma constitucional que implementa el nuevo Sistema de Justicia Penal en México, entrará en vigor en menos de diez días en todo el territorio nacional. Continúan vigentes muchas de las interrogantes que no solo los estudiosos del derecho, sino también las distintas instituciones protagonistas del nuevo procedimiento penal, se han cuestionado respecto de su implementación.

¿Estamos preparados para un nuevo modelo de justicia, en cuanto a la infraestructura, la capacitación y los recursos humanos?

La procuración, administración y ejecución de la justicia, es una de las necesidades básicas de una sociedad, constituye su satisfacción un objetivo primordial del Estado, el cual permite el desarrollo personal, económico y social; por lo tanto la incertidumbre del nuevo procedimiento preocupa de manera justificada a la sociedad en general.

En primer término, es indispensable establecer que el cambio no ha sido repentino, ha sido gradual, desde la publicación de la reforma constitucional en el año 2008, algunas entidades se encuentran más avanzadas que otras, sin embargo en todos los Estados se ha trabajado paso a paso para enfrentar este nuevo reto.

Como toda transición implica una adaptación para lograr el objetivo buscado, consistente en propiciar una justicia eficaz y eficiente en el marco de una atención integral, y para ello se necesita la continua intervención de las autoridades en la capacitación de los operadores jurídicos del nuevo sistema, pero también se necesita la participación de la sociedad en este nuevo modo de procuración y administración de justicia.

Es indispensable que nosotros como sociedad conozcamos la propuesta del nuevo modelo, que propicia una nueva cultura de justicia restaurativa, que convocan tanto a las partes del procedimiento como a sus representantes legales, adoptar una nueva visión de lo que consideramos justicia, no debemos desconocer que la Ley que rige el nuevo procedimiento, prevé muchos mecanismos de terminación del procedimiento, sin necesidad de llegar a un juicio, soluciones alternas a los conflictos, privilegiando en todo momento los derechos fundamentales de la víctima así como del victimario. Es decir, el objetivo primordial del nuevo sistema es que el delito no quede impune, esto quiere decir que no todo procedimiento penal deberá terminar sistemáticamente con una condena de prisión para el delincuente y por otra parte el derecho fundamental de la víctima consistente en que se satisfaga la reparación del daño, sin que lo que se busque sea una venganza. Esto es, darle a cada quien lo que le corresponde y sin dañar a nadie como lo diría el gran jurisconsulto Ulpiano.

GERARDO MARTÍNEZ RAMÍREZ