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El interés superior del niño en las leyes de las niñas, niños y adolecentes

Inicio este comentario partiendo de la siguiente premisa: El interés superior del niño es un principio que desempeña un papel muy relevante en el derecho internacional, recogido expresamente en disposiciones internas como un principio rector de los derechos del niño y ha sido derivado del texto del artículo 4° constitucional y puesto a partir del año 2015 en las legislaciones de todos los estados de la República Mexicana en sus leyes de los niños, niñas y adolescentes.

La idea de que el interés superior del niño es un principio normativo implícito en la regulación constitucional de los derechos de los menores ha sido apoyada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al sostener que "en términos de los artículos 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño; y 1°, 2°, 3°, 6° y demás relativos de la Ley General de los Niñas, Niños y Adolescentes, de aplicación federal, y por tanto los tribunales federales y estatales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, por lo que la importancia de tomar en cuenta el interés superior del niño que implica entre otras cosas considerar aspectos tales como garantizar y proteger su desarrollo, el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de normas y aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño, niña y adolescente, de conformidad con lo establecido en el texto de la Convención sobre los Derechos del Niño, el texto Constitucional y las leyes de los Niños Niñas y Adolescentes.

El Comité para los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, ha señalado que "el principio del interés superior del niño se aplica a todas las medidas que afecten a ellos y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos como promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos del niño."

El interés superior del niño es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño. No sólo es mencionado expresamente en varios instrumentos, sino que es constantemente invocado por los órganos internacionales encargados de aplicar esas normas, por tanto, constituye un mandato de observancia general para todas las autoridades involucradas en un asunto de tal naturaleza.

En las condiciones apuntadas, debe concluir que en toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse atendiendo al interés superior del niño, conforme lo disponen la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 3.1 establece: que en cualquier medida que tomen las autoridades estatales deben tener en cuenta de forma primordial el interés superior del niño; los numerales 9°, 18, 20, 21, 37 y 40 también mencionan expresamente este principio la Constitución que en su articulo 4º señala claramente "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios; y las Leyes estatales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Que en su diversos dispositivos señalan: La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas publicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas , niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales.

Javier de la Fuente