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La expropiación y sus ventajas para el Estado

Esta figura, dicho por diversos autores de derecho administrativo, es de uso frecuente, ya que el estado la utiliza para resolver las necesidades de la colectividad. Se define como un acto administrativo por excelencia, por virtud del cual los poderes ejecutivos de los tres niveles de gobierno adquieren de una o varias personas, físicas o jurídicas, bienes inmuebles, muebles o derechos, de modo obligatorio y con el propósito de satisfacer necesidades colectivas, mediante el pago de una indemnización.

Las causas de utilidad pública,  deben estar previstas en una ley, que se denomina de expropiación y que de acuerdo a las diversas competencias, será federal o estatal. Cada estado de la Federación, cuenta con normas propias en la materia.

Dicho de otro modo, la autoridad deberá acreditar, sin lugar a dudas, que existe una necesidad de la población y que ésta será resuelta con el bien que se expropia y deberá pagar el precio de la cosa expropiada.

Para ello el procedimiento expropiatorio, consta de tres elementos de procedimiento,  que son la declaratoria de utilidad pública, la integración o formación del expediente expropiatorio y el decreto expropiatorio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación,  ha resuelto que en los casos de expropiación, se hace necesario que se respete el derecho de audiencia de los afectados con la medida que se ha venido analizando, por lo que, al pronunciarse el primer acto de la expropiación,  o sea, la declaratoria de utilidad pública, será necesario que se haga del conocimiento del expropiado, para que pueda alegar de su derecho, en ese momento procesal.

En contra del decreto expropiatorio procederá el recurso de revocación y en su oportunidad el juicio de amparo o la acción de reversión o retrocesión.

Los dos primeros son medios de impugnación en contra del acto expropiatorio y el último es un derecho real que se concede al propietario, para que en caso de que la autoridad no lleve a cabo la obra u objeto para el que se expropió en el lapso de cinco años, le sea devuelto el bien expropiado, mediante el procedimiento que contempla la ley.

Arturo Flavio Sánchez Rosas