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El ejercicio de la acción penal privada

La implementación del nuevo sistema de justicia penal, entró en vigor recientemente en toda la República Mexicana, es un nuevo modelo de corte acusatorio y oral proyectado con el fin de que los juicios sean más ágiles, transparentes y equitativos entre los protagonistas del delito.

El marco jurídico que lo regula, crea novedosas figuras que propician una mejor administración y procuración de justicia; la igualdad procesal, tanto para el que acusa como para el que se defiende, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la circunstancia de que a toda persona se le considerará inocente hasta que no se demuestre lo contrario, el privilegio de la libertad del sujeto activo mientras dure el procedimiento, entre otras, son características que conllevan a una nueva visión de lo justo, lo equitativo y lo legal.

No obstante lo anterior, llama la atención una nueva figura jurídica implementada en este nuevo modelo de justicia, consistente en la acción penal privada, que significa en términos simples que la víctima o el ofendido pueden investigar delitos y acudir ante un Juez para ejercitar la acción penal persecutoria (en ciertos y determinados casos), sin necesidad de hacerlo a través del Ministerio Público quien anteriormente era la autoridad facultada exclusivamente para hacerlo, es decir el fiscal deja de tener el monopolio del ejercicio de la acción penal tal y como lo prevé el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta nueva figura jurídica, parece ser en un primer plano, un gran logro jurídico para el particular, ya que éste no está supeditado a la voluntad del Fiscal para investigar un delito y acudir ante el Órgano Jurisdiccional para iniciar un procedimiento en contra de la persona que probablemente cometió el hecho con apariencia delictuosa.

Sin embargo, haciendo un análisis más profundo sobre tal derecho de la víctima, nos encontramos con diversos obstáculos para que se pueda ejercer ese derecho, ya que no todos los particulares son peritos en la materia, ni tienen los recursos económicos para solventar una investigación o simplemente no cuentan con el tiempo suficiente para hacerlo, a pesar de que resintieron directamente en su persona la afectación producida por la conducta delictiva.

En ese tenor, la figura jurídica consistente en la acción penal privada, constituye un privilegio para un sector minoritario, que tiene al alcance un equipo de profesionales del derecho, investigadores y peritos, que le facilitarán el resultado de una investigación exitosa y un procedimiento judicial garantizado.

GERARDO MARTÍNEZ RAMÍREZ