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Derechos de las niñas, niños y adolescentes

La Convención sobre los Derechos del Niño significó un cambio de paradigma en la protección de los derechos de la infancia. La convención, al ser un instrumento vinculante, implica la obligación de los Estados Partes de adecuar sus respectivos sistemas jurídicos a los principios contemplados por el mencionado instrumento internacional.

El 7 de abril del 2000 fue publicada la reforma al artículo 4° constitucional, el Estado mexicano comenzó a dar cumplimiento a las obligaciones asumidas a raíz de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. El artículo 4° constitucional reconoce a las niñas y a los niños como sujetos plenos de derechos, siguiendo la doctrina de la protección integral emanada de la propia Convención.

Como consecuencia de la reforma al artículo 4° constitucional, se expidió la ley reglamentaria de dicho precepto, que en su momento fue la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del año 2000. El 4 de diciembre de 2014 se publica la LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, abrogando la anterior.

La Convención sobre los Derechos del Niño representó un cambio de paradigma en lo referente a los derechos de los niños, al reconocer a éstos como sujetos de derecho con una concepción garantista, basada en la protección integral de los derechos de la niñez.

En el Estado de Puebla contamos con LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA., misma que en su ARTÍCULO 13 señala:

Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

I. Derecho de prioridad;

II. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

III. Derecho a vivir en familia;

IV. Derecho a la identidad;

V. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;

VI. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;

VII. Derecho a la educación;

VIII. Derecho al descanso, cultura, esparcimiento y la práctica del deporte;

IX. Derecho a la no discriminación;

X. Derecho a participar;

XI. Derecho a la igualdad sustantiva;

XII. Derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal;

XIII. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;

XIV. Derecho de la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura;

XV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;

XVI. Derecho de asociación y reunión;

XVII. Derecho a la intimidad;

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;

XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y

XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, en términos de lo previsto en la legislación aplicable.

"El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes."

MARÍA DEL PILAR CERÓN CABRERA