ELDP

Tortura

Cuando los medios
no legitiman el fin

Dos son los temas de los que me ocuparé brevemente. Primero, la entrada en vigor en todo el país, de la más ambiciosa reforma al sistema de justicia penal, lo cual ocurrirá a más tardar el 18 de junio siguiente, identificada por su orientación garantista y la defensa de los derechos humanos de la víctima y del imputado. En segundo lugar, la convergencia en este mismo escenario nacional, de prácticas que constituyen delito en sí mismas, de las que según han señalado algunas instancias tan autorizadas como el Comité de la ONU sobre Derechos Humanos, "La tortura es generalizada. Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación."

Algo ha avanzado el Estado mexicano, con la adopción de tratados internacionales que proscriben la tortura y los malos tratos. Lo anterior, sin contar que la Constitución Federal antes prohibió 'todo tormento'. A este panorama esperanzador se suma la sentencia de la Corte Interamericana en el caso "García Cruz y Sánchez Silvestre, contra el Estado mexicano" que entre sus reparaciones mandó a las autoridades a investigar de oficio toda alegación de tortura, realizada en asuntos penales y a ejecutar la capacitación de los operadores del sistema de justicia.

No obstante, la implementación de los juicios orales ofrece mayores posibilidades para contrarrestar ésta 'endémica o recurrente' práctica contra los derechos humanos, si como aparece en el Informe del Relator Especial Juan E. Méndez "México 2014" ocurre desde la detención y hasta la entrega de la persona a la autoridad judicial, ya que conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, existe: 1) la obligación de la policía de realizar un registro inmediato de la detención, 2) la nulidad de pruebas obtenidas en violación de derechos fundamentales, por ejemplo, confesiones coaccionadas o sin la asistencia de defensor, 3) la admisión exclusiva de pruebas desahogadas en audiencia judicial, con excepción para prueba anticipada y delincuencia organizada, 4) la ratificación de la presunción de inocencia, y, 5) el acceso a la defensa desde el instante de la detención, que incluye la comunicación efectiva de los derechos.

Y es que, en materia de justicia penal, la legitimidad de los medios investigativos es lo único que asegura la legitimidad del fin, pues, como dijo Albert Camus, respecto de la política "los medios no justifican el fin" de ahí la importancia de luchar contra la tortura, no solo porque es un medio que contamina el fin: llegar a evaluar el proceso como un 'juicio justo', sino por el ataque que representa contra la dignidad humana.

ROSA CELIA PÉREZ GONZÁLEZ