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“El Sistema Acusatorio en el Fuero Militar”

La reforma constitucional en materia de justicia penal del 18 de junio del año 2008, es sin duda una de las tres más importantes del siglo XXI, junto con las reformas en materia de Juicio de Amparo y Derechos Humanos, del 6 y 10 de junio del 2011, respectivamente. Las tres reformas tienen el objetivo fundamental de transformar la visión de la justicia en México, la cual de acuerdo a las más recientes encuestas y sondeos de opinión, para la mayoría de los habitantes del país, tiene como atributos la corrupción, la ineficacia y la excesiva lentitud.

A pesar de las voces expertas que demandan agilizar la transformación de la justicia mexicana, uno de los “cotos de poder” que se habían mantenido intocables era el relativo al “Fuero de Guerra o Fuero Militar”. Bastaba con revisar el texto del artículo 13 de la Constitución mexicana, que se mantiene intacto en su texto original desde 1917: “Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército.”

A pesar de lo explícito del texto constitucional, en la práctica los asuntos donde estaban involucrados militares con personas civiles, eran tramitados ante Tribunales militares, tal y como sucedió con el caso del homicidio de dos jóvenes estudiantes del Tecnológico de Monterrey en marzo de 2010, en Nuevo León. Afortunadamente, gracias a la Sentencia condenatoria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del caso Rosendo Radilla Pacheco, y su correspondiente aterrizaje jurídico, por conducto del Expediente “Varios” 912/2010, por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que motivó la creación de diversos criterios jurisprudenciales en la materia, se pudo lograr “abrir el cerrojo” del fuero militar, para establecer con precisión y claridad que, en los casos en que integrantes de las fuerzas armadas cometieran conductas delictivas, en donde estuvieran involucrados personas ajenas al mundo castrense, es decir civiles o paisanos, (vocablo que utiliza la Constitución), deberán ser juzgados ante Tribunales civiles.

En consecuencia, casos emblemáticos como los de Tlataya, Apatzingan, Ayotzinapan por mencionar solo algunos, deben ser procesados y resueltos. La pregunta que surge es: ¿Estarán preparadas y capacitadas las fuerzas armadas para ajustar su actuación a un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos, en sus tareas de auxilio de materia de seguridad pública? Confiemos en que así sea por el bien de la sociedad.

Edmundo Ramsés Castañón Amaro