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Interés superior del menor

Partiendo de la "Declaración de Ginebra de 1924" que establecía el imperativo de darle a los niños lo mejor, con frase como: los «niños primero», dieron las primeras pautas para la protección de los derechos de los niños, pero fue hasta la formulación expresa del principio en la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 de la ONU, y su posterior incorporación, no solo en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de noviembre de 1989, sino también, en el Protocolo facultativo de Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de 1999 (arts. 5 y 16); en donde se desprende que el principio del interés superior ha evolucionado conjuntamente con el reconocimiento progresivo de los derechos del niño y que, ahora que la construcción jurídica de los derechos del niño ha alcanzado un importante grado de desarrollo, corresponde que este principio sea interpretado según este nuevo contexto. Baste de ello manifestar que, en México,a finales del año próximo pasado 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de los Niños, Niños y Adolescentes, y en nuestro Estado de Puebla el día 3 de junio de 2015 se aprobó por el Congreso Local la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, actualmente se cuenta con dicha ley en todos los Estados de la República Mexicana.

Cuando los niños eran considerados meros objetos dependientes de sus padres o de la arbitrariedad de la autoridad el principio fue importante para resaltar la necesidad de reconocer al niño su calidad de persona; ahora que, al menos en el plano normativo, se ha reconocido al niño como un sujeto portador de derechos, el principio debe ser un mecanismo eficaz para oponerse a la amenaza y vulneración de los derechos reconocidos y promover su protección igualitaria.

Es sabido que uno de los ejes fundamentales de la Convención es la regulación de la relación niño - familia, y en particular niño - padres; numerosas disposiciones regulan la materia. Los artículos 5 y 18 reconocen el derecho de los padres a la crianza y la educación y, a su vez, el derecho del niño a ejercer sus derechos por sí mismo, en forma progresiva de acuerdo a la «evolución de sus facultades».

El principio del interés superior del niño o niña, entendido como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

Miguel Cillero (1998) plantea que la noción de interés superior es una garantía de que "los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen". Así éste autor considera que esta noción supera dos posiciones extremas: el autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a los niños y niñas, por un lado, y el paternalismo de las autoridades por otro.

Para el citado autor el concepto del interés superior del niño tendría por lo menos algunas funciones y que, a nuestro parecer se refieren a:

Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los derechos del niño y la niña.

Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez.

Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si entran en conflicto con aquellos.

Orientar a que tanto los padres como el Estado en general, en sus funciones que les son relativas, tengan como objeto "la protección y desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos y que sus facultades se encuentran limitadas, justamente, por esta función u objetivo".

Así, el interés superior del niño o niña indica que las sociedades y gobiernos deben de realizar el máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y desplegar sus potencialidades. Esto lleva implícita la obligación de que, independientemente a las coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse todos los recursos posibles para garantizar este desarrollo.

La noción del interés superior del niño o niña significa por otro lado, que el crecimiento de las sociedades depende en gran medida de la capacidad de desarrollar a quiénes actualmente se encuentran en esta etapa de la vida de la humanidad. Desde esta perspectiva, dicha prioridad no es producto de la bondad de la sociedad adulta o de los sistemas de gobierno, sino que constituye un elemento básico para la preservación y mejoramiento de la raza humana.

Quiero expresar por último que siendo la ley de orden público, de interés social y de observancia general en el estado de Puebla, se deben establecer las bases, a la brevedad, para que ellos sean titulares de sus derechos tomando en cuenta los principios de progresividad, esto es, su edad que dentro de la ley se enmarcan tres edades: 0 – 6 años primera infancia, 7 – 12 años niños y niñas, 12- 18 años adolescencia y garantizar en todo tiempo su pleno ejercicio, protección y promoción de sus derechos humanos.

Es así, como a la brevedad deben crearse los sistemas estatales y municipales de protección, ya que se tenía como plazo máximo el de 90 días posteriores a su entrada en vigor, y esperamos que el Congreso del Estado haya aprobado la partida presupuestal para coadyuvar en la implementación de las adecuaciones necesarias al cumplimiento de la ley; esto es, reformas al Código Sustantivo Civil del Estado o bien a la creación del Código Familiar en un plazo que no puede exceder de 180 días; así como la creación de la Procuraduría de Protección de niños, niñas y adolescentes.

FRANCISCO DE LA FUENTE