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Extinción de dominio

La figura de extinción de dominio se sustenta en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su Ley Reglamentaria, se complementa con la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; tiene su génesis en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocida como “Convención de Palermo” y sus tres protocolos: “Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes”, el “Protocolo para reprimir, prevenir y sancionar la trata de personas, en especial mujeres y niños” y el “Protocolo contra la fabricación y tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones”.

Dichas normas jurídicas constituyen un instrumento esencial para combatir de manera frontal y efectiva a la delincuencia organizada transnacional lo cual es apremiante dado que la misma traspasa fronteras, se infiltra en la sociedad y en la estructura oficial de cada país impactándolos política, social y económicamente; con el producto de las actividades ilícitas que realizan construyen poderosas estructuras financieras con las que obtienen movilidad delictiva internacional, impunidad, propiedades, posesiones, etc., lo que les resulta necesario para la ejecución de delitos que agravian profundamente a la sociedad; es menester mermar esos imperios económicos para frenar las organizaciones delincuenciales organizadas.

La citada Ley Reglamentaria del artículo 22 Constitucional define la figura de extinción de dominio como “la pérdida de los derechos sobre los bienes…sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal”. También señala, en lo conducente, que procede respecto de cualquier bien, independientemente de quien resulte ser poseedor o propietario, que se encuentre relacionado con la delincuencia organizada y por la comisión de los delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, siempre y cuando dichos bienes sean instrumento, objeto o producto del delito; hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito; estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad; y los intitulados a nombre de terceros, se acredite que son producto de la comisión de dichos delitos.

El procedimiento es jurisdiccional y de carácter civil, autónomo al procedimiento penal, en cuyo desarrollo deben observarse las formalidades esenciales del procedimiento establecidas en el artículo 14 de la Constitución Federal y el respeto a los derechos humanos; es menester señalar que en los supuestos que la autoridad jurisdiccional declare procedente la extinción de dominio los bienes se aplican a favor del Estado, para que, en su caso, se realice el pago de la reparación del daño ocasionado a la  víctima u ofendido.

Por lo anterior, es importante verificar la identidad de las personas con las que realizamos actos que involucran bienes sobre los que ejercemos derechos de propiedad o posesión.

RAÚL GONZÁLEZ SCHIAFFINI