Articulista Invitado

La desconfianza en las elecciones

No se trata de que un consejero o magistrado electoral no tenga ideología partidista, sino que sea poseedor de una “formación” para controlar sus prejuicios.

La reciente designación de los funcionarios electorales y su rechazo (porque consideran que son priistas), hacen pensar en la fragilidad de nuestra incipiente democracia; en la lenta evolución del sistema de justicia electoral; en la invariable desconfianza que caracteriza los procesos electorales; y en la carencia de cultura democrática.

La escasez o falta de cultura democrática, hace ver al adversario no como un “igual” a quien hay que vencer a través de auténticos debates, ofreciendo un mejor programa de gobierno; no como alguien “que yo necesito” para encontrar la verdad de algo, sino como alguien “diferente a mí”, por lo que hay que vencerlo de la manera que sea.

En el amor y en la guerra todo se vale, se suele decir.

Y como el otro, mi contrincante, es diferente a mí, entonces hay que elaborar una ley electoral que se funde en la “desconfianza”. No en la “confianza”.

Bajo esta tesitura, la tónica no es conceder el beneficio de la duda a las personas que calificarán las elecciones (y a quienes en los tribunales resolverán las controversias jurídicas), sino más bien, descalificarlas desde el momento que se designan.

La desconfianza también aparece cuando se nombran los consejeros y magistrados electorales, siempre se sospecha que los elegidos poseen una ideología partidista que influirá sobre sus decisiones. Ingenuamente se cree, o se quiere creer para sacar ventajas, que es posible que haya personas para estos cargos sin ideología política y sin intereses políticos.

Siendo la desconfianza el fundamento de la ley electoral, se tiene que garantizar en ésta que en la cabeza de los consejeros electorales y magistrados electorales no haya ideología partidista ni intereses políticos.

¿Y cómo se garantiza tal cosa en la ley? Estableciendo que para ser consejero ciudadano (o magistrado electoral) no se debe haber sido militante de ningún partido político en los últimos cinco años; tampoco se debe haber trabajado en el gobierno los últimos cinco años. Con esto se quiere garantizar que no haya conflicto de intereses.

Por supuesto, la ley debe prever los conflictos de intereses; pero no de manera ingenua, ¿a poco en cinco años se borra la ideología del partido o los intereses creados de alguien que trabajó en el gobierno?

La interpretación y comprensión de algo, la ley, por ejemplo, no se puede hacer si no involucramos en la interpretación nuestras experiencias pasadas (de la vida vivida y de la vida deseada). Éstas generan prejuicios (anticipación de sentido de algo) positivos y negativos; los primeros ayudan a la interpretación y comprensión correcta, los segundos la obstaculizan.

Luego, no se trata de que un consejero o magistrado electoral no tenga ideología partidista, sino que sean poseedores de una “formación” necesaria para controlar sus prejuicios, sin lo cual no se puede decidir de acuerdo al sentido correcto de la ley, aunque esto sea en contra de su ideología y creencias.

Así es que, señores de la política, se tendrá que admitir que en el caso del presidente del OPLE, Mario A. Garza Castillo, a quien por haber declarado que fue asesor político del gobierno de Coahuila se le acusa de priista, es buen ejemplo del primitivismo electoral fundado en la desconfianza.

Mario es experto en teoría política y en derecho electoral, con estudios doctorales; como tal puede prestar sus servicios a quien lo contrate. Un acto de honestidad intelectual sería que todos los funcionarios electorales dieran a conocer sus preferencias partidistas.

Tampoco es verdad, como se dice, que una persona inexperta pero sin ideología ni intereses partidistas haría mejor papel que un experto. Al contrario, un inexperto, aunque sea honrado, es presa fácil de la manipulación; además, a no ser de otro planeta, ¿de dónde se va a traer a alguien sin ideología y sin intereses políticos?