Articulista Invitado

Mucha política y poca obra pública

Mientras las calles de Monterrey y las de los municipios conurbados están llenas de baches, provocando daños a los vehículos (en cinco meses he perdido tres llantas y un rin), los alcaldes, después de las elecciones, no dejan de hacer política.

Pero no buena política en sentido aristotélico, es decir, como actividad esencial del ser-del-hombre que, fundada en la ética, busca el bien de la ciudad, sino política maquiavélica, a saber: proponerse fines para incrementar el poder, sin importar los medios para lograr esos fines.

El fin de los políticos es el poder; por eso, después de haber ganado la elección, comienzas las apuestas. Pues, cual cazadores furtivos, los políticos a todo lo que se mueve (o se aparta del "orden de las cosas") le tiran, si eso les posibilita avanzar.

A los alcaldes les extrañó que el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos Emilio Arenas Bátiz, en el comienzo de su gestión, coincidente con el inicio del sexenio del Bronco, se apartara de "El orden de las cosas", al proponer una auditoría externa al Poder Judicial del Estado (PJE), para que se aclare el destino de más de 200 millones de pesos.

A esa propuesta se opusieron los otros dos integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ) del PJE, quienes obtuvieron esos cargos por un acuerdo político entre el PRI y el PAN; razón por la cual su obediencia es a la línea de sus partidos, no a las razones del derecho y la justicia.

Fue así como, aprovechando las declaraciones incendiarias del alcalde de San Pedro contra el presidente del TSJ, a quien infundadamente responsabiliza de la liberación de personas que purgaban condenas por delitos graves, los otros alcaldes del área conurbada, violando el principio de seguridad jurídica, según el cual la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le ordena, se lanzan contra Carlos Emilio, exigiéndole información que, como iguales, debieron haberla hecho en forma de oficio, no por medio de un desplegado pagado (con nuestros impuestos), para provocar escándalo.

Aprovechando el río revuelto, lo que buscan los alcaldes es lograr una buena pesca en las próximas elecciones. La mayoría de ellos, por haber dado un salto del Congreso a la alcaldía, están bien informados respecto al nuevo Sistema Penal Acusatorio, saben que en éste no hay margen para el error y que el error beneficia prioritariamente al inculpado, no a la víctima del delito.

Saben que los errores son de la Procuraduría, es en esta institución donde, no pocas veces, no se no pone a disposición del juez a los inculpados en el término que marca la ley. Pero los alcaldes priistas y panistas (ahora hermanados en el Congreso y en la Asociación Metropolitana de Alcaldes de Nuevo León), por todos los medios tratan de capitalizar la desconfianza y desasosiego que ha generado: a) la existencia de un gobernador que, por haber ganado las elecciones sin ningún partido, hoy tiene en su contra al Congreso; y b) los no pocos errores que, en menos de cinco meses, ha venido cometiendo El Bronco.

Pero lo que no saben es que a Carlos Emilio no lo puso El Bronco, sino que, al quedarse el TSJ sin línea del Palacio, los magistrados, para estar a tono con el gobernador independiente, a él lo vieron como idóneo. Pues él era quien se había distinguido por sus actitudes independentistas, heterodoxas y proclives a alterar "El orden de las cosas". Entre otras alteraciones al "orden de las cosas", Carlos Emilio fue el primero que desobedeció la orden del gobernador y, contra la voluntad de Medina, impulsó la candidatura de la ex presidenta del TSJ, Graciela Buchanan.