Articulista Invitado

La corrupción legal

QUIENES OCUPAN altos cargos se caracterizan por ser exitosos en el aspecto económico

La comparecencia ante el Congreso del Estado del subprocurador especializado en el combate a la corrupción, Ernesto Canales, produjo una constelación de preguntas, difíciles de responder. Algunas de éstas son las siguientes:

¿Cuáles son realmente los motivos de un acaudalado de aspirar a un cargo público, cuya percepción mensual es alrededor de unos 125 mil pesos? Y sin poder ganar un peso más, ya que, de acuerdo al artículo 36 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, quienes presten sus servicios a esta institución no podrán desempeñar otro trabajo ni ejercer la abogacía, por sí, o por interpósita persona.

¿Habrá cerrado su despacho el subprocurador Ernesto Canales? ¿A poco dejó a sus clientes que dice tener en todos los estados?

Salvo excepciones, quienes ocupan estos altos cargos han sido personas que se caracterizan por ser exitosas en el aspecto económico; por su forma de pensar calculadora, no dan paso sin huarache; por sus actitudes practicistas y su rechazo al pensamiento teórico; y, sobre todo, por colocar el valor económico (el dinero y los bienes materiales) por encima de todos los demás valores.

Por eso uno se pregunta, ¿si son abogados exitosos y hombres de negocios los que buscan estos cargos públicos, cuál es el negocio, por ejemplo, de ser abanderado de la lucha contra la corrupción?

Si Ernesto Canales sabía que su negocio, conocido ahora como caso Cusi, no es fácil de explicar ni de entender, y de muy alto riesgo (en el sentido de que se podía filtrar información), ¿por qué decidió correr ese riesgo, aceptando el cargo de fiscal anticorrupción?

Por más que él diga que la demanda en su contra es un asunto privado, del cual nada tiene que informar; que lo que importa es la corrupción pública, no la privada (como tal vez sin quererlo, entre los dimes y diretes, se le salió decirlo), la cual él va a combatir, lo cierto es que, tratándose de la conducta de un funcionario público, aun cuando el acto tachado de inmoral sea de la vida privada, éste adquiere un sentido de interés público.

Nadie encuentra la lógica de por qué de seis millones de dólares que eran de la señora Cusi, sólo a ella llegaron 50 mil pesos, y el resto, aunque Canales aceptó que él los recibió, fueron a parar a una empresa extranjera de la cual él es apoderado. Y, a decir del fiscal anticorrupción, nada de estos hechos (aunque kafkianamente hayan escapado de la razón y el sentido común) fue ilegal, porque todo se hizo dentro de la ley.

El fiscal anticorrupción respondió a la pregunta: "¿Qué sucedería si el asunto de la señora Cusi se resuelve en su contra?", diciendo que "se llegaría al absurdo de que nadie pudiera nunca tomar un puesto público por una acusación que esté pendiente".

Lo que para Ernesto Canales es un "absurdo", por el lado de los gobernados se percibe como cinismo y prepotencia, probablemente confiado en que "al cabo no pasa nada".

Lo razonable sería que, nadie que en su contra tenga una acusación de este tipo, debería preferirse como funcionario de la Procuraduría ni de ningún otro alto cargo público, hasta en tanto no se esclarezca su situación.

Por último, hay que reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría para definir el perfil ad hoc de los funcionarios de dicha institución. No cualquiera debe acceder a estos cargos. Además, la cultura política proclive a fijarse sólo en los amigos y compadres, en vez de quienes mejor cumplan con el perfil, es algo que también debe cambiar.