Intelecto Opuesto

Entre políticos se van a vigilar

La resonancia de los problemas nacionales termina por impactar de una u otra forma en los estados y sus municipios. El caso Iguala y de los otrora gobernantes José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda es un ejemplo del que todo mundo pretende, ahora, alejarse.

Como suele suceder con todos los conflictos sociales, políticos y económicos, son los mismos representantes de instituciones partidistas en puestos de elección, en recintos legislativos y en funciones de puestos de las administraciones federales y locales, los que buscan darle rápida solución a los mismos. Políticos buscando resolver problemas de políticos.

Y así es, lo de José Luis Abarca y su gobierno municipal en Iguala empezó como un asunto político que terminó en una investigación de hechos presuntamente criminales; es investigado por los propios políticos, primero de su partido el PRD, y terminará por ser enjuiciado mediáticamente y jurídicamente también por políticos.

Ahora, dicho proceso es empleado como ejemplo para que entre los propios políticos, como se dice popularmente, se le mida el agua a los elotes (por no escribir otra cosa), o bien, se cuiden ante cualquier conducta incorrecta e indigna de la investidura de un representante popular.

En Hidalgo, se dio a conocer que desde el Congreso del estado, legisladores buscan generar los elementos para inhibir casos de corrupción y abusos de poder de funcionarios municipales a fin de evitar situaciones como la de Abarca y su esposa.

Desde mayor transparencia hasta seguimiento y marcaje especial en casos de denuncias con elementos suficientes para poder iniciar una investigación en contra de algún político, quien sea, los diputados locales podrían tener herramientas para poder tener más presencia en cuestiones municipales; desde luego, se tendría que llevar todo esto a un análisis constitucional en donde –por el único motivo de beneficiar al país- se debe modificar la ley para permitir la injerencia del estado sin que sea una violación a la autonomía de ayuntamientos, no sólo en Hidalgo, sino en todo el país.

Resulta doloso para todos lo que pasa en Iguala, así como en municipios del norte del país desde años atrás y con casos como Oaxaca y su capital, como Tamaulipas y sus ciudades  violentas como Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico; como en el propio Estado de México y Ecatepec, Tecamac y diversos municipios de la zona metropolitana del Valle de México.

El hecho de que sean políticos los que vigilen a políticos y sean ellos mismos los que se sancionen y exculpen no genera confianza entre la gente, ni mucho menos satisface en términos de justicia a víctimas y personas ofendidas por actuaciones del estado. Tendrá que haber cambios radicales para que la gente recobre tranquilidad y pueda dar el beneficio de la duda a quienes nos gobiernan.

eduardogonzalez.lopez@milenio.com

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